Controles para evitar los riesgos de las fiestas clandestinas

El pedido de la Comuna platense a los vecinos para que denuncien, la realización o la convocatoria a fiestas clandestinas llamando al 147, con el fin de evitar la presencia masiva de asistentes en lugares que no cuentan con medidas de seguridad adecuadas o donde se registra convivencia de menores y mayores de edad o alto consumo de alcohol, constituye una acción positiva del poder público, destinada que esos tipos de encuentros se vean fiscalizados y se desarrollen en el marco legal de los controles institucionales.

Corresponde aquí reseñar los hechos trágicos que se sucedieron tanto en nuestra zona como en otros distritos a partir de fiestas clandestinas realizadas, en donde la falta absoluta de custodios o de guardias médicas agravó muchas de las situaciones creadas.

Las autoridades municipales señalaron ahora que se inició una campaña para concientizar a la población sobre el peligro de ese tipo de festejos que, muchas veces convocados por redes sociales, concentran gran cantidad de personas en un espacio poco acorde y sin medidas de seguridad adecuadas.

Ciertamente, resulta llamativa la persistencia que demuestran los “organizadores” de estas fiestas ilegales, a pesar de que se conoce que el poder de policía municipal las viene clausurando y ordenando otras sanciones complementarias. Es sabido que, habitualmente, se registran desenlaces con graves consecuencias, como el ocurrido hace dos años con los graves incidentes callejeros que protagonizaron los asistentes a un encuentro de esa naturaleza, que derivaron en una batahola en la que unos 300 jóvenes se resistieron arrojando piedras a los policías.

Se sabe que la violencia y el descontrol que suelen registrarse en estas fiestas masivas resultan ser una verdadera pesadilla. Es común, también, que los asistentes a ellas sufran robos por parte de sujetos que se acercan a esos encuentros y aprovechan la gran concentración de gente para saquear, aunque también los vecinos del lugar sufren amenazas y robos.

Lo cierto es que la secuencia de fiestas juveniles no habilitadas autorizó sobradamente a que los poderes públicos ejercieran una mayor fiscalización, de modo de impedir que tales encuentros siguieran desarrollándose sin cumplir con los mínimos controles institucionales.

Se trata, tal como se sabe, de reuniones que inicialmente se presentan como de índole privada, aunque luego, por la masividad que alcanzan, superan esos límites y terminan por convertirse en mega fiestas clandestinas a las que asisten centenares o miles de jóvenes, en encuentros en los que suelen abundar el alcohol, la droga y la violencia que se desata entre grupos enfrentados o entre los asistentes y los servidores públicos que llegan para clausurarlas.

Está fuera de toda duda que, en las condiciones de marginalidad en las que se desarrollan, resulta difícil para las dependencias públicas detectar dónde se realizan y en qué condiciones. Las experiencias acumuladas en los últimos años han sido muy dramáticas, como para que no se extraigan de ellas conclusiones valiosas para garantizar la integridad física y moral de miles de jóvenes, inexplicablemente puesta en riesgo por los organizadores de estas megafiestas, cuya exclusiva preocupación es la de velar por su propio afán de lucro.