Representantes de las principales bancadas de la Cámara de Diputados trazaron el posible cronograma de trabajo para para las próximas semanas, con el tratamiento de la ley anti barras bravas; la visita del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el debate sobre extinción de dominio.
De la reunión entre los macristas Emilio Monzó –presidente de la Cámara- y Silvia Lospenatto, con la massista Graciela Camaño, el peronista Pablo Kosiner y el kirchnerista Agustín Rossi, surgió el esquema tentativo de trabajo para lo que resta de marzo y abril.
El 27 de marzo el oficicialismo de la Cámara intentará aprobar el proyecto de ley anti barras bravas, que en diciembre pasado había sido votado en general y devuelto a comisiones ante la falta de consensos en la votación artículo por artículo.
Cambiemos ya avanzó en un nuevo borrador del proyecto, aunque aún persisten algunas diferencias internas de cara a la reunión de la comisión de Legislación Penal prevista para el próximo martes, en la cual se buscaría la firma del nuevo dictamen.
De acuerdo a lo acordado, el miércoles 10 de abril el plenario de la Cámara recibiría al Jefe de Gabinete, que brindaría su primer informe del año a Diputados; luego de su presencia en el Senado, prevista para el miércoles 27.
Tras el receso de Semana Santa la Cámara retomaría su actividad el miércoles 24 de abril con el abordaje del tema extinción de dominio, a partir del impulso de la oposición para derogar el DNU firmado en enero por el presidente Mauricio Macri.
Fuentes de Cambiemos dan como muy probable la posibilidad de que la oposición se reúna para rechazar ese DNU, aunque no ven claro cual será el texto que reemplazará a la iniciativa del Ejecutivo.
Diputados debe definir si ratifica el texto del proyecto de extinción de dominio que aprobó hace dos años o si opta por las modificaciones que le realizó el Senado para devolverlo a la Cámara baja.
Las diferencias entre los diferentes bloques, y aún hacia adentro de los propios espacios, presagian un futuro incierto para el proyecto que tiene como principal objetivo la recuperación de los bienes obtenidos como producto de la corrupción.
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