“No fue un accidente”, se podía leer en una pancarta que alzaba por sobre su cabeza uno de los vecinos de San Miguel del Monte, en una marcha realizada a pocos días de la masacre que terminó con la vida de cuatro jóvenes. El pedido unánime de Justicia se repetirá esta tarde en el pueblo de 21.034 habitantes, con un encuentro en el “Skate Park”, ubicado en Avenida de los Pescadores y López, desde donde se marchará hasta Plaza Alsina. En ese parque las víctimas se juntaban a rapear, cantar y a andar en skate.

El fiscal de la causa (UFI Nº1 de Cañuelas), Lisandro Damonte, pidió ayer la prisión preventiva para los 12 policías investigados y también para un funcionario municipal, quienes tendrían relación directa con la muerte de Camila López (13), Danilo Sansone (13), Carlos Aníbal Suárez (22) y Gonzalo Domínguez (14) y con las graves heridas que sufrió Rocío (13), luego de una persecución a los tiros ocurrida el 20 de mayo en la colectora 9 de Julio.

La solicitud del funcionario fue realizada al juez de Garantías de La Plata, Eduardo Silva Pelozi. El magistrado ahora tiene un plazo de cinco días para resolver la situación procesal de los trece imputados.

Fuentes judiciales informaron que en su resolución, Damonte pidió que el capitán Rubén Alberto García, los oficiales Leonardo Daniel Ecilape y Manuel Monreal y el subayudante Mariano Ibáñez continúen detenidos e imputados por “homicidio doblemente agravado por abuso de su función como miembro de fuerzas policiales y por el empleo de armas de fuego” y del “homicidio doblemente agravado en grado de tentativa” de Rocío, quien se encuentra hospitalizada en el sanatorio El Cruce de Florencio Varela.

Los cuatro efectivos se negaron a declarar ante el fiscal, y los investigadores creen que se encontraban a bordo de los patrulleros que persiguieron a las víctimas, vehículo desde el cual se efectuaron los disparos que provocaron que el Fiat 147, que era conducido por Suárez, se estrellara contra un acoplado estacionado en la colectora de la ruta nacional 3.

Cuatro policías están acusados de “homicidio doblemente agravado”

Asimismo, la fiscalía solicitó que también sigan presos el subcomisario Franco Micucci; el teniente Héctor Enrique Ángel; el oficial inspector José Manuel Durán; la oficial subayudante Nadia Genaro y la oficial Melina Blanco; el oficial subinspector José Alfredo Domínguez y los oficiales Cristian Righero y Juan Gutiérrez, quienes afrontan acusaciones por “encubrimiento y falsedad ideológica”.

En este caso, los pesquisas sospechan que este grupo de uniformados llegó después del siniestro y realizó una serie de maniobras en la escena, que tuvieron como finalidad hacer pasar el hecho como un accidente de tránsito.

Por otra parte, el ex secretario de Seguridad de la Municipalidad de Monte, Claudio Martínez, también se encuentra detenido. A él se lo acusa de intentar ocultar las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron la parte final de la persecución. En ese video se observa una situación clave para la resolución del crimen: el momento en que se ve a uno de los policías sacar el cuerpo por la ventanilla del móvil, con un objeto en su mano, y seguidamente se ven sendos “fogonazos”, similares a disparos con arma de fuego.

Las autopsias realizadas a los cuerpos revelaron luego que, si bien los cuatro murieron a raíz de las lesiones producidas por el impacto contra el camión, uno de los fallecidos también presentaba una herida de bala en un glúteo.

el dolor intacto

“Nadie podía imaginar algo así. Uno puede pensar que hay policías corruptos o locos, pero nunca que le tiren a chicos en un auto”, le dijo un gomero a este medio, dos semanas después de la masacre. El pesar se siente “fuerte” en el pueblo, donde “la mayoría nos conocemos”, aseguró.

En esa oportunidad, Susana Ríos, la mamá de Gonzalo, dialogó con EL DIA y sostuvo que “los primeros días fueron de llanto y gritos. Después, algo hizo que me fortaleciera; no sé si es porque estoy tan abocada a la causa”.

Según recordó, la jornada en que ocurrió todo “me tenía que levantar temprano para viajar, pero me desperté a las dos. A la cuatro no volvía Gonzalo y me fui para el hospital, pero no me animé a entrar. Volvía caminando a mi casa y me crucé con un amigo de él y me contó”.

Detrás de la fatídica persecución, aparecieron una serie de denuncias que colocan a algunos de los 60 policías de la localidad como integrantes de una banda criminal, dedicada al narcotráfico, al cobro de coimas a comerciantes y hasta el apoyo a una organización de usurpadores. Los investigadores no descartan que explicar ese comportamiento quizás eche luz sobre la persecución, por 2 o 3 kilómetros, entre el barrio Montemar y la ruta 3.