Quinteros de la región que abastecen a 12 millones de personas, a la buena de Dios

“Cuando la gente escucha la expresión agricultura familiar, piensa en un grupito de quinteros que tienen una huertita en el fondo de la casa, cuando en realidad estamos hablando de quienes proveen de hortalizas y frutas a la inmensa mayoría de la población”. Lucía González Espinoza, coordinadora de Agricultura Familiar del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), deja caer esa reflexión, profunda, durante las 9º jornadas del sector que se realizaron en las facultades de Ciencias Agrarias y Veterinaria, entre el miércoles y viernes últimos.

En la ronda que se organizó en un aula de la facultad de 60 y 119, con quinteros, técnicos, profesionales y representantes de distintos organismos, corrió el mate y la descripción de una dura realidad. Juan Martín Casco, de la Asociación de Productores Hortícolas 1610, subrayó que “(pese a su enorme incidencia en la economía) los productores familiares son el eslabón más débil de la cadena de comercialización, y están atados a un mercado sin legislación. No hay políticas de Estado. Así, nacieron circuitos alternativos para mantenerse a flote, como la venta de bolsones agroecológicos solidarios. Se arman con productos de distintas quintas y se reparten a pedido. De ese modo, se evitan intermediarios que en algunos casos no sólo reducen al mínimo el margen de ganancia sino que llegan a provocar pérdidas”.

“Si a las familias productoras se les paga cada vez menos, ¿por qué los alimentos son cada vez más caros?”

Myriam Gorbán,
Cát. Soberanía Alimentaria (UBA)

No sólo el mercado: todo parece estar preparado para un modelo de producción y comercialización que olvida a quienes hoy son sus principales protagonistas. “Nuestro norte es el resguardo de la salud pública. Por ello, trabajamos con las familias productoras aspectos sanitarios y la inocuidad (control de peligros asociados a los productos destinados para el consumo humano), explicó González Espinoza, del Senasa, y enfatizó: “en simultáneo, estamos fuertemente enfocados en actualizar la normativa, pues la vigente fue pensada en base a la industria. Es necesario aggiornarla para incluir el nivel familiar, sin perder control”, definió.

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Desde el INTA, Cora Gornitzky brindó cifras más que elocuentes. “Aquí nomás, en el casco urbano de la Ciudad, muchos consumidores no saben que a tan sólo 10 minutos del centro se emplaza el cordón hortícola más grande del país, donde un 70% de pequeñas familias productoras, la mayoría migrante y arrendataria, abastece con hortalizas frescas al principal centro de consumo de la Argentina, estimado en 11,5 millones de habitantes”, puntualizó.

Por su lado, el responsable del programa de agricultura familiar de la universidad local, Sergio Dumrauf, contó que “con la idea de fortalecer y visibilizar al sector, en la zona estamos coordinando las distintas ferias, como Manos de la Tierra, la del paseo del Rectorado, la CTA, el Liceo Víctor Mercante, La Veredita de Bellas Artes y Trabajo Social, el Paseo de Abasto, el festival de 60 y 130 y otras. Pero además estamos profundizando en temas claves como son la capacitación continua de los productores, la inocuidad, la mejora de los procesos y la universalización de la agroecología”.

Volviendo al tema de la comercialización, Luis Mosse, del Instituto de Investigación para la Agricultura Familiar (IPAF), puso sobre la mesa una cuestión que los productores familiares cada vez plantean con más fuerza, como es la “compra pública”. “Como la brecha entre lo que se le paga al quintero y lo que se cobra al consumidor final es gigante (ver gráfico en página 17), nuestra línea de trabajo es la de desarrollar circuitos comerciales cortos, reduciendo intermediarios. Las ferias y la venta de bolsones con verduras frescas de estación que se arman en las quintas son caminos, pero insuficientes. El desafío es dar respuesta al volumen de producción de este sector, y allí entra la compra pública; debe instrumentarse”, realzó.

“La Plata tiene el mayor cordón hortícola del país, y ni siquiera hay un censo que diga cuántas familias productoras hay”

Silvio Pérez
Productor

¿Por qué el Estado no le compra directamente a los productores para abastecer a las escuelas, hospitales, cárceles?, es la pregunta que flotó el miércoles pasado al mediodía en el aula de la facultad de Agronomía.

Dumrauf apuntó que “en Brasil y Uruguay, por ley, el 30% de la compra pública debe hacerse a productores familiares. Para ello se requieren políticas de Estado, una legislación clara y, además, un fondo específico para pagar contra entrega, ya que las familias de quinteros no tienen espaldas como los grandes productores para esperar pagos diferidos. Viven al día”, señaló.

Otro tema es el del agregado de valor. “Nosotros arrendamos superficies de entre media hectárea y dos hectáreas, y en cada predio se necesitan 6 ó 7 invernaderos sólo para subsistir. Es decir que no podemos descuidar el trabajo, y si comercializamos, no trabajamos. También podemos agregar valor en origen, pero si contamos con una estructura de venta que no nos relegue al último escalón. ¿Por qué no existe, por ejemplo, un gran mercado regional manejado por los productores?”, disparó el floricultor Silvio Pérez.

“Familias que trabajan de sol a sol no tienen acceso a la salud, a la educación, a viviendas dignas, a los servicios”

Nazario Ramos
Productor hortícola

El 29 de mayo último, las Naciones Unidas declararon a la agricultura familiar “un aliado fundamental para lograr el desarrollo sostenible”, tras dar cuenta de que “este sector, que engloba a más del 90% de las granjas de todo el mundo, produce el 80% de los alimentos a nivel global”. En ese contexto, se lanzó el Plan de Acción 2019-2028, a fin de “asesorar a la comunidad internacional sobre las medidas colectivas que pueden adoptarse. Entre ellas, aumentar el acceso de los agricultores familiares a los sistemas de protección social, a la financiación, a los mercados, a la formación y a las oportunidades de generación de ingresos”.

La ONU podría haberse basado, tranquilamente, en el relato del horticultor Nazario Ramos. “Hay muchísimas familias que, pese a trabajar de sol a sol, padecen problemas básicos. No tienen acceso a la salud; no tienen cupo en los jardines de infantes para los chicos; viven en condiciones precarias (la vivienda es un déficit central); pierden días de trabajo porque no les asfaltan la calle, y cuando llueve los camiones no entran o te ponen ellos el precio de la mercadería; tampoco entran ambulancias ni policía. Mientras, los alquileres y los insumos están por las nubes. No hay decisión política de jerarquizar a este sector medular de la economía. Hay que crear conciencia en la gente. Que sepa que casi todo lo que come viene de quintas familiares”, resumió, para recordar que “algunos programas había, pero ya no están”.

La joven productora Elsa Yanaje contó que “desde el MTE Rural comercializamos dos mil bolsones agroecológicos por semana. Es la alternativa que encontramos a una situación muy cuesta arriba. Hubo gran aceptación y ya se han sumado clientes en otros municipios. El productor familiar trabaja 365 días al año y vive al día, no puede especular”, resaltó, para insistir en “la precariedad en que viven miles de familias, sin viviendas dignas, agua, luz, cloacas, escuelas”.

“Políticas de Estado claras, compra pública, asistencia técnica, acceso a la tierra, caminos en buen estado. Es indispensable atender a un sector indispensable”, consideró, palabra más o menos, el coordinador universitario de la economía popular, Ezequiel Manzolido.

“Si a los productores se les paga cada vez menos, ¿por qué los alimentos son cada vez más caros?”, se preguntó, durante las jornadas, la pionera de la cátedra libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA, Myriam Gorbán (84). Habrá que encontrar una respuesta.