Ricardo Rosales

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La crisis económica y política desatada luego de las PASO no parece tener final y reaviva los peores pronósticos y experiencias anteriores de la Argentina. La administración Mauricio Macri, ahora con Hernán Lacunza como ministro de Economía, anunció un conjunto de medidas, la última ayer domingo de control de cambio, dirigidas básicamente a tres objetivos: cuidar las reservas del Banco Central, reducir el monto de los pagos en dólares de la deuda pública, y tratar que el dólar no se dispare de los 60 pesos. Podría agregarse un cuarto, que es cumplir con los ahorristas que tienen depósitos o activo en dólares en el sistema financiero. Pero los resultados por el momento están lejos de cumplirse y la sensación es que si no hay un acuerdo político explícito, entre Macri y el candidato Alberto Fernández, que se refleje con claridad en el Congreso, los anuncios servirán para poco y la crisis se profundizará.

Con un rumbo económico sin algún consenso político básico, las reservas internacionales y las perspectivas de mediano plazo, continuarán comprometiendo un posible desarrollo del país y, seguramente los anuncios últimos serán reemplazados por otros, sin que frenen un espiral de desconfianza. Aunque esto último no es lo más grave para la sociedad de a pie, sino las repercusiones inmediatas sobre la inflación, más recesión, caída del empleo y la capacidad de consumo. Tras los anuncios de Lacunza del jueves y viernes pasado, en el mercado financiero y los negocios se especulaba con otras medidas, más heterodoxas: un control de cambio atenuado, con restricciones para la compra de divisa o alguna variante equivalente. El senador Julio Cobos, blanqueo esas expectativas al declarar que si no funciona el actual plan, no quedaría otra alternativa que el control de cambios. Ayer domingo, finalmente se concretó esa alternativa.

Las preferencias del Presidente están lejos de esas recetas pero finalmente la urgencia y la certeza de que el mercado se llevaría todos los dólares que se pusieran a la venta, se impusieron a los principios. Macri dejó trascender el fin de semana que el Banco Central “jugará fuerte” en esta semana para contener el dólar. La frase podía interpretarse como que la entidad monetaria saldría al mercado con todo el poder de fuego de las reservas para frenar la suba del dólar por encima de los 60 pesos, en lugar de las dosis “limitadas” de intervención usadas hasta ahora. Pero es claro que decidió dar un giro de 180 grados en sus convicciones y dar lugar a las recomendaciones de su nuevo ministro, con decisiones lejos de la ortodoxia económica. ¿Alcanzarán el control de cambios? No son decisiones eficientes para el mediano y largo plazo, pero en una coyuntura de emergencia como la actual, deberían ayudar a dar estabilidad al mercado de cambios y preservar las reservas del Banco Central que, de lo contrario se esfumarían en poco tiempo. La demanda en una época de crisis es infinita y los dólares que tiene la entidad monetaria rondan los 56.000 millones. Los anuncios también podrían tener una lectura política: que sea útil para acercar posiciones con el próximo presidente, si fuera Alberto Fernández, que llegaría a la Rosada con limitados dólares de reserva si no acuerda algunos puntos básicos con Macri. Las interpretaciones y la lucha de poder en vistas de las elecciones presidenciales de octubre son más significativas que los anuncios del ministro, aunque la mayoría de la población desconoce esas peleas, si bien las sufre en su vida cotidiana. Nada nuevo que sea desconocido, aunque en una crisis como la actual, las miserias del poder son mucho más visibles. Lacunza tiene previsto hablar en el Congreso sobre el proyecto de “reperfilamiento de la deuda de mediano y largo plazo”. El modelo seguido es el empleado por Uruguay en el 2003. La clase política de ese país llegó a un acuerdo en el Congreso para extender los plazos de los bonos de deuda, pero respetando las condiciones originales de capital e interés. El canje tuvo un resultado exitoso que permitió una fuerte caída del riesgo país, la baja de la deuda pública a la mitad y el inicio de un período de superávit fiscal.