El gobierno bonaerense entrará esta semana en la recta final de una compleja negociación en la que buscará el aval de fondos de inversión y tenedores privados para estirar los plazos del bono BP21, que tiene un vencimiento por casi 250 millones de dólares que la administración de Axel Kicillof ya avisó que no está en condiciones de afrontar. Si no lo obtiene, la Provincia entraría técnicamente en cesación de pagos, o default, en los primeros días de febrero. 

Después de que la semana pasada el ministro de Hacienda bonaerense Pablo López convocara a conversar a bonistas, hoy la Provincia hizo lo que formalmente se conoce como "solicitud de consentimiento": en un aviso publicado en medios, anunció que no está en condiciones de afrontar el pago del capital por 249.975.000 dólares de ese título público, que tiene como límite el próximo 26 de enero, por lo que solicitó postergarlo al 1 de mayo. 

El BP21, un bono por 750 millones de dólares con vencimiento en 2021, es la principal preocupación del gobierno de Kicillof. A poco de asumir, los técnicos designados para la negociación iniciaron contactos telefónicos informales con los fondos de inversión y tenedores privados que deben dar el consentimiento para estirar el pago del primer vencimiento a la vista, que es el 26 de enero. 

Los plazos para esta negociación son cortos. La solicitud de consentimiento debe ser respondida antes del 22 de enero, el miércoles de la semana próxima, que es cuando vence. Ese día, la Provincia necesitará contar con el consentimiento de los tenedores del al menos el 75 por ciento del capital en circulación de esos bonos. Según las cláusulas de acción colectiva del contrato, ese el piso mínimo de aceptación que debe tener cualquier planteo para modificar los términos de la emisión de esa deuda, es decir, estirar el vencimiento hasta mayo. 

Si los dueños del 75 por ciento de los bonos de la emisión original por 750 millones de dólares aceptan las nuevas condiciones, el corrimiento de plazos que pide la administración Kicillof correrá para el 100 de los tenedores. 

Pero si no se alcanza ese umbral de aceptación, la provincia de Buenos Aires estará obligada a cumplir con el pago tal como fue previsto originalmente en el contrato, es decir, cancelar a los bonistas 249.975.000 dólares (más otros 25 millones de U$D por intereses) el 26 de enero, algo que el gobierno de Kicillof ya dijo que no está en condiciones de hacer. 

“Si no alcanzamos el 75 por ciento de aval no se puede aplicar la enmienda aplicable al 100 ciento, con lo cual iremos viendo los pasos a seguir en ese caso", dijo hoy el ministro López. Y agregó: "Nosotros no estamos en condiciones de asumir ese vencimiento, ya lo hemos dicho cuando asumimos".

Para quienes siguen de cerca la evolución de la deuda provincial, el movimiento que hizo hoy el gobierno de Kicillof es una señal de que las conversaciones están avanzadas. Pero hay otros que son menos optimistas. Por lo pronto, los acreedores ya designaron a dos estudios de abogados para que inicien el diálogo: Arnold & Porter, con oficina central en Washington DC, como asesor internacional. Y Bruchou, Fernández Madero y Lombardi como abogado argentino. También se contrató a dos estudios como asesores financieros en la negociación: Mens Sana Asesores, liderada por el argentino Marcelo Delmar, y  BroadSpan Capital. 

Si no hay acuerdo para reprogramar plazos y la Provincia no cumple, como ya dijo, con el pago del vencimiento el próximo 26, se abre una instancia de diez días hasta que formalmente entre en default, lo que ocurriría el 5 de febrero.