Aprueban la compra de pistolas Taser en la Ciudad, pero la Provincia no las quiere

El Concejo Deliberante de La Plata autorizó ayer al intendente, Julio Garro, a avanzar con la compra de pistolas Taser, una decisión que, no obstante, salieron a desalentar desde el Ministerio de Seguridad bonaerense que conduce Sergio Berni.

Con la firma de la concejal de Juntos por el Cambio, Romina Cayón, 13 votos a favor y 10 en contra -el peronismo no acompañó-, el proyecto de resolución aprobado por el cuerpo deliberativo local le solicita al Ejecutivo municipal que “evalúe la factibilidad de adquirir veinte dispositivos electrónicos Taser X2”, los cuales “serán afectados a la Secretaría de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia”. Asimismo, establece que su aplicación se analice en coordinación la Provincia.

En la Comuna, donde Garro ya defendió el uso de estas armas no letales -“son herramientas que permiten dar mayor seguridad a los agentes y protegen a terceros contra episodios delictivos”, dijo en su momento-, adelantaron que la decisión ya está tomada y que los fondos para la adquisición partirían del Plan Integral de Seguridad.

“Vamos a entregar estas herramientas a la Policía bonaerense o local que cumpla funciones en la Ciudad”, decían desde el Palacio Municipal de calle 12, igualmente atentos a que la medida debe ser autorizada por la cartera que conduce Berni, pues es la que tiene la potestad de los efectivos.

Pero cerca del ministro adelantaron a EL DIA que las Taser están en el fondo de las prioridades. “La Policía de la Provincia, que es la única que existe, no las va a contratar en este momento”, advertían en Seguridad, y subrayaban que el Municipio “no tiene autoridad” para armar a los efectivos. “Para avanzar con un plan así se tiene que llegar a un acuerdo, los intendentes no pueden equipar a la fuerza como se les ocurra, eso sería antidemocrático e ilegal”, cuestionaban, para rematar con ese verbo que meses atrás viralizó el ministro de Economía, Martín Guzmán: “Lo aprobado en La Plata es sarasa. No pueden repartir Taser entre los agentes, en todo caso tendrán que dárselas a los funcionarios municipales, si es que tienen licencia para usarlas”, ironizaban.

Juran en el entorno de Berni que no son pruritos ideológicos los que guían el rechazo -estas pistolas, que con una descarga eléctrica de 400 volts inmovilizan en el acto a un potencial agresor, “resolverían un montón de cosas”, admitían en la Provincia-, pero, insistían, la seguridad bonaerense tiene prioridades y entre ellas, por ahora, no están las Taser.

Debate y polémica

El reclamo por la implementación de estos dispositivos no es nuevo. Ya el Municipio había impulsado el pedido durante la gestión anterior.

Sin embargo, la polémica renació el mes pasado, a raíz del asesinato del oficial de la Policía Federal, Juan Pablo Roldán. Entonces, el gobierno porteño anunció la compra de 300 pistolas no letales y, tras él, se sumaron los proyectos de los alcaldes Jorge Macri (Vicente López), Néstor Grindetti (Lanús), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y el propio Garro.

Incluso, en plena conmoción por el crimen del agente federal, Berni reclamó que la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, le diera las Taser “que compró y no usa”, valorándolas como “un elemento indispensable que asegura la vida del policía y de terceros”.

Precisamente, entre los fundamentos de su presentación, Cayón pondera como “esperanzadoras” aquellas palabras del ministro de Axel Kicillof para allanar la compra de estos dispositivos, “un arma de electrochoque diseñada para no matar”, que sirven “para salvar vidas, no para quitarlas” y que han demostrado ser efectivas en la lucha contra la delincuencia “en más de cien países, entre ellos Estados Unidos, Alemania, Australia, Reino Unido, Suiza, entre otros, y en la región países como Brasil, Chile, Colombia y Bolivia”.

Como se señaló, la Ciudad necesita del aval provincial. “Ellos tienen la potestad -reconoció Cayón en diálogo con este diario- y ellos decidirán si las pistolas se destinan a las patrullas o a los caminantes, por eso no lo aclaramos en el proyecto y proponemos dar una discusión conjunta”.

Pero Berni, que defendió las Taser el primer día de octubre a la semana siguiente criticó la compra impulsada por Grindetti en Lanús, porque “ese distrito no tiene Policía propia, sino que es la Bonaerense” y porque, hoy, una medida de este tipo “no es prioritaria”.

Idéntica postura sostiene para el caso de La Plata. “Recién hemos logrado equiparar los sueldos de los efectivos por encima de la línea de la pobreza que marca la Nación, trabajamos en la renovación de patrulleros y en la incorporación de más personal. En esa lista, las Taser no entran”, repetían en el entorno del jefe de la seguridad en la Provincia, y reforzaban la sentencia con números: “Una pistola de este tipo tiene un costo mínimo de entre 3.000 y 4.000 dólares. Si nosotros pudiésemos dotar a cada uno de los 96.000 policías bonaerenses con una Taser, la verdad es que no seríamos Argentina”.

Mientras, en la Comuna reprochaban que “Berni, que antes pedía estas armas, ahora niega que las quiere. Le falta decisión política propia”.

Y Cayón, la autora del proyecto que el oficialismo local logró sacar en el Concejo, manifestó su expectativa porque la Provincia finalmente apruebe la polémica medida. Un anhelo que, como ya anticiparon desde el Gobierno bonaerense, hoy parece bastante lejano.