Alarmados por la inflación, los gremios estatales van a la carga por otro aumento

Recibieron una mejora promedio del 29 por ciento, pero a fin de año quedarían al menos 4 puntos debajo del costo de vida

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Los gremios estatales observan con preocupación la evolución del costo de vida. De acuerdo a las estimaciones de diversas consultoras, la inflación de noviembre que se dará a conocer oficialmente en dos semanas tendrá un piso del 3,5 por ciento.

El dato es inquietante para los sindicatos de la Provincia porque hasta el momento tienen un acuerdo con el gobierno bonaerense que implica una mejora del 29 por ciento en promedio, tomando el bono de 4 mil pesos de principios de 2020, el ajuste sobre las asignaciones familiares y el incremento del 14 por ciento del trimestre septiembre-noviembre. La inflación acumulada es del 26,9 por ciento a octubre y si se suma la de noviembre, los trabajadores estatales ya quedarán por debajo del costo de vida y estarán perdiendo poder adquisitivo.

La cuestión se vuelve más compleja porque el proceso inflacionario de diciembre no se prevé que sufra una desaceleración. Por el contrario, se aguardan guarismos similares a los de noviembre o incluso un poco superiores, más tendiendo en cuenta los sucesivos aumentos en los combustibles.

Por esa razón, los sindicatos volvieron a la carga para que el gobierno de Axel Kicillof reabra la negociación paritaria. En rigor, la Provincia se comprometió a hacer un nuevo análisis salarial en función de cómo fuera evolucionando el costo de vida, pero ahora los gremios quieren acelerar esa negociación.

La razón no sólo tiene que ver con la disparada del costo de vida. Hay en juego otra cuestión: la forma en que los sindicatos podrán recuperar la pérdida salarial de 2019 durante la administración de María Eugenia Vidal.

Uno de los acuerdos paritarios incluyó esa discusión. Pero con ese compromiso, ahora los gremios quieren que se establezca cómo la Provincia va a garantizar esa recuperación y a través de qué mecanismos.

“Entendemos que es fundamental cerrar el año con un nuevo aumento salarial para los estatales de la provincia de Buenos Aires y consolidar un camino en el año del 2021 que debe ser un año decididamente de recuperación de los salarios de nuestros compañeros y compañeras”, sostuvo el secretario general de ATE Provincia, Oscar de Isasi.

De Isasi lo dio a entender: en este contexto de fuerte crisis económica ahondada por la pandemia, los gremios al menos esperan empatar con la inflación.

En ese sentido, remarcó que “la situación de los estatales es sumamente compleja en lo que hace al poder adquisitivo”, y que “el rumbo que debe consolidar la negociación es recuperar el poder de compra perdido en la gestión anterior”.

Además de ATE, los sindicatos enrolados en la Fegeppba (Salud Pública, AERI, APOC, Sosba, entre otros) se aprestan a enviar una carta al ministerio de Trabajo para reclamar la reapertura “urgente” de la negociación salarial.

Por otra parte, trascendió que Fegeppba incluirá en sus planteos salariales una serie de objeciones al proyecto de Presupuesto bonaerense para 2021 que está en plena discusión en la Legislatura.

Uno de esos reclamos tiene que ver con uno de los artículos vinculados a los fondos del IOMA. La iniciativa oficial establece que en caso de que la obra social genere excedentes, éstos quedarán a disposición del Ejecutivo. Para los gremios, si existen recursos sobrantes, deben destinarse “a mejorar las prestaciones para los afiliados”. Y añaden: “Muchas prácticas fueron recortadas. De tal forma, si hay fondos que sobran, hay que usarlos en favor de los afiliados”, añadieron.

Otra de las inquietudes se relaciona con el presupuesto del Instituto de Previsión Social, ya que los recursos y gastos del organismo están incluidos de tal forma que “no se garantiza su independencia”.

Según trascendió en fuentes sindicales, en otra nota que llegará en las próximas horas al despacho de la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, se pedirá que la Provincia modifique el cálculo del denominado “premio jubilatorio” para los estatales que se retiran. En la actualidad, esos 6 meses que se pagan se calculan sobre los básicos y la antigüedad a partir de la vigencia de una de las tantas leyes de emergencia que se votaron en la Provincia.

 

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