Dos proyectos impulsados por Máximo Kirchner fueron convertidos en ley en la sesión especial del Senado que terminó al cierre de esta edición: el Aporte Solidario Extraordinario (impuesto a la riqueza) y la Ley de Manejo del Fuego que limita la venta y utilización de campos incendiados. Se trata de dos temas votados en Diputados hace dos semanas y que tuvieron un rápido trámite en la cámara revisora, en este caso el Senado.

Tributaristas y economistas consultados por este diario afirmaron que el proyecto impulsado por los diputados nacionales Máximo Kirchner y Carlos Heller, es un nuevo paso para generar más pobreza y desigualdad, justamente el efecto contrario del que se pregona para avanzar con el polémico impuesto.

Además, entienden que muchos irán a la Justicia y dilatarán su pago, mientras que otros ya se desvincularon de algunos bienes para no ser alcanzados por ese eventual tributo. Y, sobre todo, descreen que la propuesta sea “por única vez” citando casos de varios gravámenes que se iniciaron así y aún hoy perduran, como Ganancias, el impuesto al Cheque, Bienes Personales, Ingresos Brutos y otros.

Después de varios meses de polémica y con el rechazo de Juntos por el Cambio y de diferentes sectores empresarios, el Frente de Todos finalmente sancionó, según lo previsto, el proyecto que crea un aporte a pagar por única vez por quienes hayan declarado bienes por más de $200 millones. Lo recaudado, se cree unos $300.000 millones, no será coparticipado pero tendrá destinos y porcentajes establecidos por la ley.

El nuevo gravamen, que diseñó también el diputado Carlos Heller, alcanzará a cerca de 12.000 personas, según la nueva estimación realizada por la AFIP. Recibió dictamen favorable en comisión el 24 de noviembre con los votos del Frente de Todos, que no necesita a Juntos por el Cambio para su aprobación, según Infobae.

En el Senado la ley avanzó rápidamente y sin cambios. Establece una escala gradual que arranca con una alícuota del 2 por ciento al 3,5 por ciento con una suba de 50 por ciento para los bienes declarados en el exterior. Según establece el texto, quienes repatríen el 30 por ciento de sus tenencias en el extranjero quedarán exentos del pago. Para lograr la media sanción, el oficialismo aceptó algunos cambios de otras bancadas, especialmente sobre el uso de la recaudación: 20 por ciento para la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria; 20 por ciento a subsidios a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; 20 por ciento para el programa integral de becas Progresar; 15 por ciento para el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), enfocado en la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los Barrios Populares y un 25 por ciento irá a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional, a través de Integración Energética Argentina S.A.

A TRIBUNALES

Los legisladores de Juntos por el Cambio consideran que la ley terminará judicializada por tratarse de un impuesto “confiscatorio”. Sostienen que se trata de una doble imposición con el impuesto a los Bienes Personales. Además varios legisladores remarcaron su sospecha de que pueda mantenerse en el tiempo y dejar de ser un aporte por única vez.

El oficialismo, en cambio, defiende la iniciativa y promete que sólo se cobrará una vez y para impulsar medidas post pandemia que apunten a pymes, educación, salud y barrios vulnerables.

En Diputados la ley tuvo 133 votos a favor de todas las bancadas excepto de Juntos por el Cambio y la izquierda. Sin embargo hubo votos de dos radicales de Jujuy en línea con el gobernador Gerardo Morales que siempre apoyó el aporte.

Desde la Unión Industrial Argentina días atrás manifestaron su rechazo a la iniciativa aunque algunos empresarios pidieron al menos algunos ajustes. Por ejemplo que se descuenten de los bienes declarados los pasivos. El banquero Jorge Brito había sido uno de los que cuestionó el aporte y ante su convocatoria a no pagarlo recibió un llamado del presidente Alberto Fernández. Habían quedado en conversar personalmente sobre el tema un par de días antes de su trágico accidente.

En la sesión de ayer también se sancionó otro polémico proyecto, que modifica la Ley 26.815 de Manejo del Fuego.