Casi un cuarto de siglo después del alegrón por ganarse un campo en una rifa, las dos vecinas de Chascomús favorecidas por el azar podrían conseguir en 10 días un resarcimiento millonario en la demanda que iniciaron por al poder cobrar aquel fabuloso premio.

El avance se produjo ayer en una audiencia del juicio de ejecución de la sentencia que ordenaba a la Provincia y eventualmente al Municipio hacerse cargo de una irregularidad central en aquel sorteo: el campo sojero de 327 hectáreas que sortearon en 1996 dos escuelas y el consejo escolar local, tenía deudas y un embargo.

Fuentes de Tribunales informaron que el juez Fabio Arriagada, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 27, recibió ayer dos propuestas de resarcimiento en base a la sentencia que ordenó pagar 100 millones de las dueñas del número ganador. Eso, porque el premio ya no existe.

El campo fue rematado por las deudas antes de que pudieran escriturarlo las poseedoras del talón con el número 2.300, en aquel sorteo, Sonia Della Vedova y Clorinda Gallego.

Según las fuentes, en la audiencia a puertas cerradas, los patrocinantes de las vecinas presentaron una propuesta y el fisco Provincial, otra. Ambas quedaron guardadas en un sobre lacrados que se abrirán en 10 días, cuando el juez dará su sentencia. También estuvieron ante el juez los actuales propietarios del campo, se indicó.

Una fuente vinculada con la causa deslizó que en caso de acordarse la cifra, la Provincia pondría el dinero y luego se daría vuelta hacia el Municipio para recuperar la plata, con un plan de pagos.

El arreglo haría caer dos expedientes que corren junto al juicio de ejecución de la sentencia, por “daño emergente” y “lucro cesante”.

En Chascomús no rechazan la opción del plan de pagos. No obstante, desde la Comuna se sostiene que “el municipio aparece en la sentencia como un responsable subsidiario, en la medida en que la Provincia no pague”. En ese caso, la cifra podría a la administración local “en quiebra”, se asegura.

Se sostiene allí que la Provincia tiene bajo sus órbita a los organismos que hicieron la rifa (escuelas, el consejo escolar), pero se reconoce que la Ley 11.349 ordena a los municipios el contralor de las rifas.

A la vez, si les toca hacer frente, como se prevé, buscarán aclarar la división de ese pasivo con el municipio de Lezama, un desprendimiento de Chascomús en medio del extenso litigio.