El Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires publicó un comunicado en el que advierte a “los jueces, juezas y fiscales” bonaerenses de “la crisis humanitaria que atraviesa el sistema penal y penitenciario” y les pide que “adopten las medidas necesarias tendientes a evitar la generación de situaciones de violencia y la propagación del COVID 19 en los sitios de encierro”.
El texto hace hincapié en las últimas medidas tomadas por diversos organismos de justicia federales, internacionales y de la Provincia, al tiempo que destacan que el contenido de dichas resoluciones “no admite un servicio mínimo de justicia, resultando irrazonable que el enorme trabajo que tienen que realizar los abogados y las abogadas de la profesión [...] se tenga que hacer sin los recursos humanos y tecnológicos mínimos e indispensables, repercutiendo ello en el derecho constitucional de defensa en juicio”.
En el texto, titulado “Crisis humanitaria en sitios de encierro y ejercicio profesional”, refieren que la Resolución n° 3341-19 y la Resolución de Presidencia n° 52-20, dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, “instan a reiterar la importancia del uso racional y de medidas alternativas o morigeradoras de la prisión preventiva, excarcelación extraordinaria y en su caso del sistema de monitoreo electrónico, destacando el caso específico de quienes se encuentren en los grupos de mayor riesgo ante el COVID-19”.
“En consonancia con lo dispuesto por la S.C.B.A., la Procuración General dictó las Resoluciones n° 918-19 y 158/20, -continúa el despacho- a través de las cuales instruyó a los miembros del Ministerio Público Fiscal para que procedan a la reevaluación de las medidas de coerción cuando las condiciones de alojamiento puedan importar un trato cruel, inhumano o degradante, como asimismo a la utilización de todas las modalidades que prevé la ley en materia de morigeración de la prisión preventiva, o sus alternativas, siempre que ello sea posible en función del caso particular”, con prioridad a quienes estén dentro del grupo de riesgo por el Coronavirus.
Asimismo, señalan que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a los Estados adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad [...] dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud y evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo [...] y para quienes estén prontas a cumplir condenas”. Por último, mencionan las recomendaciones realizadas por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura de la República Argentina (CNPT) y un fallo “trascendental” con fecha del 8 de abril, dictado por el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires.
El texto finaliza con un “llamado” a la acción para evitar empeorar la situación de los presos en el contexto de la pandemia.
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