El polémico fallo de Casación en favor de las domiciliarias sigue causando revuelo

La decisión del tribunal de Casación bonaerense de avanzar con la excarcelación de presos que estaban alojados en penales y que ahora cumplirán la pena con prisión domiciliaria para minimizar las chances de contagio de coronavirus viene generando una fuerte controversia.

Por un lado, legisladores de la oposición reclaman a la Provincia que se informe con detalle el listado de detenidos liberados y por qué delitos estaban procesados o condenados. Y el fiscal de Casación Carlos Altuve apeló el fallo pidiendo que se le dé trámite urgente, para que lo revise la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Aclaró que comparte la decisión buscar una alternativa al hacinamiento carcelario en medio de la pandemia, pero cuestionó las formas en que se implementó la medida.

Refirió que no está claro el criterio para distinguir un delito grave de uno leve al momento de otorgar las morigeraciones de las detenciones, por lo que reclamó esclarecerlo antes de empezar a ejecutar las salidas.

Altuve entiende que el recurso de apelación debería frenar esos permisos hasta que la Suprema Corte intervenga, aunque en Casación son partidarios de que la sentencia se cumpla en el “mientras tanto”. Es que el planteo llegará al máximo tribunal provincial aún si Casación declara que no es admisible.

PEDIDO EN LA LEGISLATURA

El planteo de los legisladores, en tanto, fue presentado en un pedido de informes que ingresó en el Senado provincial con la firma de tres legisladores de Juntos por el Cambio, Felicitas Beccar Varela, Walter Lanaro y Gabino Tapia, quienes solicitaron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio de Seguridad precisiones sobre la manera en que “van a implementar la resolución dictada por el Tribunal de Casación Penal de la Provincia que ordena el arresto domiciliario durante el tiempo que se extienda el aislamiento preventivo social y obligatorio determinado por el Ejecutivo nacional”.

Concretamente, requirieron a los ministerios que aporten el listado de las personas que serán beneficiadas con las morigeraciones y están detenidas en cárceles, alcaldías y comisarías por delitos leves o sean población de riesgo y también que se detalle el delito por el que están imputadas o condenadas. Pretenden conocer también qué criterio se va a tomar en aquellos casos de imputados o condenados por agresiones sexuales u otras formas de violencia de género ocurridas en el ámbito doméstico o familiar, ya que consideran que “es prioritario evitar una vinculación forzada con la víctima o su familia ante una detención domiciliaria en el mismo ámbito en el que los hechos fueron cometidos”.

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Por otra parte, los senadores pidieron al Ejecutivo provincial que brinde detalles sobre las medidas que adoptarán para cumplir con la resolución que autoriza el uso de celulares en las unidades penitenciarias durante el aislamiento.

Según figura en la iniciativa, pretenden “conocer la cantidad de dispositivos móviles que se encuentran registrados para ser utilizados por los detenidos y cuáles serán las medidas para evitar el uso de celulares no registrados”. Pidieron precisiones también sobre el modo en que “se controlarán los casos de personas procesadas y/o condenadas por hechos cometidos a través de las redes sociales o dispositivos telefónicos y las garantías adoptadas para las personas que resulten víctimas de los delitos de acoso e intimidación”, remarcaron.

El planteo se fundó sobre un incidente que tuvo como daminificada a una legisladora de ese bloque, Carolina Piparo, quien recibió días atrás amenazas desde el muro de Facebook a nombre del condenado por balearla y matar a su hijo a punta de nacer: Carlos Moreno.

En la resolución de la polémica, Casación dispuso el arresto domiciliario, mientras dure el aislamiento social, de los presos detenidos por delitos leves y que son grupo de riesgo ante el coronavirus. Sobre los internos en situación de riesgo pero alojados por delitos graves, el tribunal dispuso que cada juez analice si es viable el arresto en su casa, resguardando la integridad de las víctimas.

También les encomendó a los jueces que analicen la situación de las personas bajo prisión preventiva y con los plazos cumplidos para estar detenidos sin condena y con los procesados y condenados que en los próximos seis meses estén en condiciones de salir de la cárcel.

Es por eso que todavía es un enigma el alcance que pueda tener el fallo de hace casi una semana, tanto como el metodología para controlar las domiciliarias que se otorguen. Lo usual sería usar las tobilleras electrónicas, pero el Ministerio de Justicia no tiene más dispositivos. Las 1.960 disponibles están en uso y tiene un listado de 250 personas que esperan una.