Espionaje: ex funcionarios recurrieron a la Justicia

Tres ex funcionarios municipales se presentaron en la causa que investiga las presuntas maniobras de espionaje que se habrían organizado en la gestión anterior desde la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) de la Policía Bonaerense, con la intención de intervenir como particular damnificado, con el patrocinio del ex intendente Pablo Bruera y el presidente del PJ local, Luis Lugones.

Será el juez Guillermo Atencio quien resuelva a favor o en contra del planteo, con el antecedente de que ya le rechazó el mismo pedido al ex gobernador Daniel Scioli, con el argumento de que no está acreditado que haya sido AGAI el organismo que pidió datos e información sobre su persona.

Quienes pidieron presentarse en la causa son la Secretaria de Acción Social del PJ y ex subsecretaria de Empleo Municipal, Lorena Baum; el ex director de Higiene urbana, Juan Faropa; y el ex concejal del bruerismo, Gabriel Germán Céspedes. “Hubo un sistema de persecución planificado desde los más altos estrados de gobierno y utilizaban el espionaje para armado de causas”, expresó el presidente del Partido Justicialista, mientras que Bruera se mostró convencido de que “promovían causas o procesamientos para amedrentar y perseguir a quien se opusiera a las políticas de ajuste que implementaban”.

Los procesados son el ex jefe de AGAI, Guillermo Berra; y su pareja, la ex auditora Sumarial Especializada en Investigaciones Patrimoniales María Rosario Sardiña, a quienes la fiscal Cecilia Corfield acusa de “hacer uso de servicios pagos por la administración pública provincial”, en alusión al servicio Nosis, de información financiera, que emitió más de 45 mil informes a pedido del mismo usuario.

Lo que sostiene la defensa de Berra es que ese servicio fue contratado por el ministerio de Seguridad, entonces a cargo de Cristian Ritondo, para que lo usaran tres dependencias a su cargo. Y “el peritaje informático determinó que AGAI pidió solamente unos 1.400 informes de los 46 mil entregados al usuario único”, dijo el defensor Marcelo Peña.

Según el abogado, en el listado de informes financieros que pidió Asuntos Internos “no aparecen los funcionarios y el ex concejal (del PJ platense), como tampoco estaba Daniel Scioli” y por eso no lo aceptaron como particular damnificado.

Agregaron que el usuario de AGAI en el sistema Nosis se activó en junio de 2017, mientras que algunos de los informes que merecieron la presentación “son de febrero de ese año, desde un usuario distinto”.

Las otras dos dependencias que tenían acceso a la información de Nosis eran Narcotráfico e Inteligencia Criminal. “La información allí almacenada (por el Nosis) no es de carácter reservado, sino que es información pública”, argumentaron.