Gesto del Gobierno para intentar cerrar la negociación con los bonistas más duros

Aunque el Gobierno insiste que la oferta presentada días atrás es la última para llegar a un acuerdo con los bonistas, todavía hay margen para que la negociación continúe y finalmente se pueda llegar a un entendimiento en torno a la renegociación de la deuda que asciende a unos 65 mil millones de dólares.

La ventana abierta es más sobre el aspecto jurídico de la propuesta y no sobre el económico, ya que el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el propio presidente Alberto Fernández se encargaron de dejar en claro, una y otra vez, que la propuesta de 53,5 dólares por cada lámina de 100 dólares no se toca.

A pesar de los embates de los bonistas que rechazaron sistemáticamente las ofertas pretendiendo llevar el Valor Presente Neto (NPV) de 53,5 dólares a 58, desde el Poder Ejecutivo se mantuvieron en que esa cifra no se modifica.

Sin embargo, el jefe de Estado fue el que abrió una instancia de negociación con algunos gestos buscando satisfacer algunas exigencias de los acreedores. Uno es el envío de un proyecto de ley de Deuda Nacional, el cual permite modificar ciertos aspectos jurídicos vinculados a la reasignación de las emisiones de los bonos a fin de obtener porcentajes previstos en las Cláusulas de Acción Colectivas (CAC`s) de los títulos 2005 y 2016.

Con esa iniciativa, el mandatario busca demostrar que hay buena voluntad para llegar a un acuerdo en la reestructuración con los bonistas.

Pero también Fernández dio el visto bueno para que se modifiquen ciertas reglas jurídicas relacionadas a la reasignación de los bonos sujetos a canje. Al respecto, existe un método forzoso de interpretación cuya aplicación podría terminar con las chances de los bonistas y la aceleración del default.

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Al respecto, si se decidiera implementar de manera maliciosa, el Gobierno cerraría un acuerdo de manera exitosa más rápido de lo previsto.

Sin embargo, Guzmán ya le anticipó a Jennifer O`Neill, negociadora de BlackRock, que la intención no es hacer uso de ese recurso, en otro gesto de buena voluntad para cerrar un acuerdo con los bonistas.

De esta manera, ahora depende de BlackRock y los otros grupos que hasta ahora no aceptaron la oferta tomar una decisión sobre estos gestos de negociación por parte del Gobierno, a menos de dos semanas para que se cumpla el plazo oficial para la aceptación de la oferta, que es el 4 de agosto.