Usurpaciones en el Sur: tensión y grave denuncia por “desamparo institucional”

El conflicto ya lleva tres años pero el sábado estuvo en uno de sus picos máximos porque vecinos de Bariloche y Villa Mascardi se hartaron no solamente por las ocupaciones de tomas de tierras, que son nacionales, sino por la violencia que ejercen sus ocupantes. Hablaron también de hostigamientos y hasta de intentos de incendios de sus casas. Sin embargo, cuando decidieron realizar una marcha de protesta los damnificados, que frenó la policía de Río Negro, terminaron denunciados nada menos que por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Sabina Frederic, por presunta “instigación a cometer delitos”, “apología del crimen” y “asociación ilícita” debido a que había señales de que podían acudir grupos armados a esa movilización para “actuar con justicia propia”, situación que no existió.

Los manifestantes portaban carteles concluyentes: “Basta de ocupas”, “El Estado debe defender los dominios públicos y privados”, “No somos fascistas” entre otros

Mientras, ayer circuló una carta del Sindicato de Guardaparques Nacionales de la zona: “El Cuerpo de Delegados del Sindicato de Guardaparques Nacionales de la República Argentina reclama con gran preocupación por el silencio institucional y la falta de garantías laborales por parte de la Administración de Parques Nacionales para con los compañeros que hoy se desempeñan en la zona sur del Parque Nacional Nahuel Huapi, sobre todo el personal que se destaca en el área de Villa Mascardi y Seccional Maitenes”, afirma la misiva.

En ese sentido, el escrito denuncia el “desamparo institucional” al que se ven sometidos los guardaparques que se desempeñan en la zona sur del parque Nahuel Huapi, en el marco del conflicto por la toma de tierras. “Como es de público conocimiento en la zona de Villa Mascardi se ha desatado un conflicto territorial donde se ve comprometido el patrimonio y bienes del Estado Nacional, razón por la cual nuestros compañeros son el centro de reiterados hechos de violencia, recurrentes amenazas y hasta atentados a vehículos oficiales y particulares, siendo a veces con un alto tenor de agresividad como sucedió en la Seccional Maitenes donde se registraron en varias ocasiones disparos de armas de fuego hacia la vivienda siendo visibles los impactos sobre las paredes”, detallaron.

“Ante el visible desamparo Institucional, este tipo de agresiones se han vuelto frecuentes sin consecuencias graves hasta el momento, aunque no por esto debemos aceptarlas como ‘normales’”, manifestaron. En la carta argumentaron que debieron realizar tareas de control y vigilancia para brindar mayor seguridad en el tránsito vehicular sobre la ruta nacional 40, pero reclamaron que “estas medidas deben ser acompañadas a nivel Institucional por la gravedad del asunto”.

“Estas situaciones de violencia provocan desánimo personal, perjudica el desempeño laboral, genera gran preocupación dentro de los familiares de los compañeros, que a pesar de estas circunstancias han demostrado un gran compromiso para continuar realizando las tareas que según sus funciones deben desempeñar”, concluyeron.

En el conflicto en Villa Mascardi, la pulseada es por la propiedad de las tierras de las que grupos mapuches afirman tener derechos ancestrales. En 2017 la disputa se acrecentó cuando la comunidad Lafken Winkul Mapu tomó posesión de un predio de aproximadamente seis hectáreas ubicado dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. En ese contexto de enfrentamientos, tuvo lugar el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, el 23 de noviembre de 2017, por una bala policial en un operativo de desalojo.

En el último mes, según informa el portal Infobae, se incrementó la polémica con dos ataques contra una propiedad del predio de “La Cristalina”, ubicada en el kilómetro 2004 de la Ruta Nacional 40 que se dirige hacia El Bolsón.

repercusiones políticas

Mientras, la ministra Frederic ayer, vía Twitter, buscó justificar la denuncia contra los manifestantes, calificándola de preventiva: Se hizo con el objeto de poner en conocimiento de la Justicia información pública sobre posibles grupos organizados que ostentando armas de fuego instigaban la violencia, el uso de armas y amenazas en Villa Mascardi. Para evitar la escalada de violencia y prevenir los choques alentados por esos grupos, enviamos y reforzamos el personal de las Fuerzas Federales. Sostenemos que la resolución de los conflictos sociales debe transitar el camino del diálogo, el respeto y la mediación inteligente”.

El comunicado oficial no alude a las ocupaciones ilegales de tierras ni a las agresiones constantes de que son denuncian los vecinos y los guardaparques.

Alberto Weretilneck, senador nacional por Juntos Somos Río Negro, dijo que la denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad “es la validación de una política que significa que en la Argentina de hoy el Estado te reconoce más por violar la Constitución y las leyes que por cumplirlas”.

“El Estado no está presente. No defiende a sus ciudadanos y tampoco cuida y garantiza la propiedad privada”, publicó en sus redes sociales Lorenza Marzen, diputada nacional por la provincia de Río Negro, quien a su vez afirmó que la ausencia de respuesta del Estado Nacional y provincial es “desesperante”.

La gobernadora Arabela Carreras (Juntos Somos Río Negro), desligó el conflicto a la Rosada.