La aparición de los llamados escraches en nuestro país -es decir de los agravios, ataques físicos y actitudes intolerantes contra determinadas personas-, traducida en la decisión de algunos grupos de arrogarse una supuesta autoridad a través de métodos violentos o de gestos de intolerancia, constituyen una negación de lo que significa convivir en una sociedad civilizada y democrática.

Tales consideraciones surgen a partir del ataque sufrido en las últimas jornadas por una mujer sanjuanina, que había organizado junto a un grupo de sus vecinos una movilización en contra de las políticas del Gobierno nacional, y que sufrió frente a su casa un sorpresivo y serio escrache, además de la supuesta agresión de un efectivo de la policía local, por parte de manifestantes que estarían identificados con el Frente de Todos en esa provincia.

Según las imágenes que se vieron en las redes sociales, que se viralizaron y fueron difundidas por la propia mujer, una veintena de personas se acercó hasta su domicilio, situado en la calle General Paz, en la capital provincial de San Juan. A los manifestantes se lo ve con tapabocas, capuchas y redoblantes, durante una vigilia de varias horas en el domicilio de Belén Varela, según consta en la denuncia policial que hizo la damnificada.

Tras la llegada de los manifestantes, ante la inoperancia policial, Varela salió a la calle y enfrentó a las personas, que ni se identificaron pero insultaron a la mujer. Cabe señalar que este incidente se había visto precedido por mensajes por WhatsApp, de tipo intimidatorio, recibidos por la mujer -“ya nos vamos a ver en la calle”-, exhibiendo en esos envíos fotos de la puerta de su casa y de su automóvil. Durante el escrache en su casa, tal como lo consignó en la denuncia, un hombre la insultó diciéndole “sos una negra de m..., mirá vos dónde vivís y nosotros vivimos en la villa”.

El escrache ocurrió en la previa de la visita del presidente Alberto Fernández a San Juan para anunciar obras y la mujer escrachada no pudo concretar su presencia para el acto de protesta que había contribuido a organizar.

En esta columna se ha sostenido la invariable posición de condenar estos episodios, ya sea que ocurran en perjuicio de simples ciudadanos o de funcionarios públicos, sin que importe el signo político al que puedan pertenecer. Hace algunos años, al rechazarse aquí una injustificable agresión que se había cometido contra el entonces gobernador Scioli, como derivación de un escrache realizado por un pequeño grupo de productores rurales en Lobería, se aludió a la creciente permisividad con que el país había venido consintiendo en los últimos tiempos la proliferación de actitudes agresivas, esgrimidas por algunos que -bajo el pretexto de formular reclamos o expresar disconformidad con acciones u omisiones de los poderes públicos o, inclusive, con simples ciudadanos que no piensan como ellos- no trepidaban en incurrir en actos de violencia verbal o física.

Esa misma e invariable actitud de reprobación se mantuvo aquí para cuestionar los llamados escraches públicos que se registraron tiempo atrás en las plazas y a través de otros medios contra políticos, periodistas o ruralistas, por las informaciones o posiciones opuestas a las que sustentaba la administración, entonces bajo la presidencia de Cristina Kirchner. Se dijo siempre, en ese sentido, que esas acciones significaban -y siguen significando cada vez que se presentan- inexcusables muestras de intolerancia.

Se ha dicho también que le ha costado mucho al país recobrar la plena vigencia de derechos y garantías, como para permitir que grupos minoritarios se adjudiquen la prerrogativa de no aceptar el disenso. Y, lo que es peor, de incurrir en acciones que bordean lo delictivo. Si bien en la historia reciente y, también, en el presente no faltan voces que, afortunadamente, bregan para que se alcancen consensos políticos de fondo, no deben tolerarse estas expresiones minoritarias y alejadas de los valores democráticos y republicanos.

Permitir que unos pocos desubicados avancen con actitudes violentas -que, además, vulneran derechos y garantías esenciales, como las de peticionar a las autoridades y protestar de sus actos- sería promover la anomia como modelo de vida social, cuando lo que corresponde es que se les reclame a todos los habitantes sujetarse a los términos institucionales de la vida democrática. Ningún sector del país ni ninguna persona puede arrogarse el derecho de atacar a otros, ni superar las precisas fronteras marcadas por la Constitución y las leyes.