Toma de tierras: la inaceptable forma de intentar habitar

Arquitecto. Esp. Gestión Urbana

Las reiteradas imágenes de familias jóvenes con hijos pequeños en situación de total precariedad y desamparo en terrenos recientemente ocupados son una muestra de la injusticia del proceso de acceso al hábitat. El conflicto planteado por las tomas de tierras en Argentina, especialmente en la Provincia de Buenos Aires, es producto de la legítima necesidad social, pero a su vez, de la manipulación interna del poder y de su indefinición política.

Esta legítima necesidad social de habitar, que no encuentra respuesta en las políticas públicas, es una problemática de larga data que los sucesivos gobiernos no han podido resolver en toda América Latina.

En la Provincia de Buenos Aires existió desde la década de 1950 una operatoria de acceso al suelo urbano que se caracterizó por el pago en cuotas mensuales de parcelas sin servicios ni equipamiento. Así los sectores asalariados construyeron el Gran Buenos Aires. Esta operatoria finalizó como producto de la implementación sesgada y tecnocrática del Decreto-Ley 8912/77 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo -que prohibió la división de suelo urbano sin servicios ni equipamiento-, y con la aparición de la Circular 1050/78 del BCRA en época de Martínez de Hoz, que indexó la economía.

La imposibilidad de acceso al suelo urbano para amplios sectores de la población -en un contexto de recurrentes crisis económicas- dio lugar en la década de 1980, a la aparición de asentamientos informales a partir de la ocupación de tierras de dominio público y privado generados sin un marco regulatorio adecuado. El crecimiento ha sido caótico y disfuncional, ampliando la brecha entre la demanda y el abastecimiento de servicios básicos.

Ante esta problemática el Estado provincial desarrolló diferentes políticas desde el inicio de la democracia. Durante el gobierno de Armendáriz se instaló el tema en la agenda pública y se regularizaron urbana y dominialmente los asentamientos generados durante la dictadura militar.

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El gobierno de Cafiero incorporó la generación de suelo urbano para sectores pobres en el Gran Buenos Aires. Con la gestión de Duhalde se fragmentó la política de ordenamiento territorial respecto de la de acceso y regularización de tierras; se implementó la regularización de inmuebles particulares y se generó tierra urbana sin servicios ni equipamientos en el interior provincial. En la gestión de Solá se lograron los mayores avances en procesos de regularización urbano-dominial de asentamientos.

El gobierno de Scioli construyó y escrituró miles de viviendas sociales y relanzó la titularización de inmuebles particulares. La gestión de Vidal, si bien continuó con la regularización masiva de viviendas sociales e individuales, generó una errónea dispersión de los organismos responsables de la temática. Esta fragmentación continúa en la gestión de Kicillof, ratificando el error a partir de la Ley de Ministerios, situación que impide una mirada integral, dispersa los escasos recursos y compromete la posibilidad de tener los resultados deseados.

En líneas generales, las políticas públicas fueron exitosas en la regularización de inmuebles de particulares -Ley 24.374- y de viviendas sociales -Plan de Escrituración del IVBA- y por períodos, de asentamientos irregulares -Villa Palito, San Martín, El Tala, Santa Rosa, Santa Lucia, 2 de abril, etc.-. En cambio, no ha habido una política anticipatoria y proactiva capaz de evitar las tomas de tierras y contener a las familias -a excepción del Programa PROTIERRA y el Plan Familia Propietaria, ambos de muy bajo impacto-.

Las consecuencias están a la vista: la urbanización irregular generó en Argentina más de 4.200 asentamientos habitados por más de 800.000 familias -casi 4 millones de personas- en una superficie equivalente a una vez y media la Capital Federal. En el Conurbano Bonaerense desde la década de 1990 hasta la fecha, se generaron más de 1.600 asentamientos irregulares. Más de la mitad nacieron antes del año 2000 y casi un cuarto son posteriores a 2010.

Estos resultados ponen de manifiesto lo absurdo de la fragmentación entre la política de ordenamiento territorial y la de acceso y regularización de la tierra; a la vez que evidencian la falta de una mirada a escala de la problemática.

Las familias empobrecidas que no tienen un lugar donde habitar deberían encontrar su contención en las políticas públicas de acceso a la urbanización. Es inadmisible que ciertos grupos políticos, traficantes de las tomas de tierras, continúen viviendo del dolor de los pobres que desean cuidar para que no desaparezcan.

Es necesario desde el Estado generar una nueva política pública urbana, innovadora y dinámica, que sea capaz de crear oportunidades de inclusión a todas las familias, de mejorar la calidad de vida de los habitantes y de constituirse en motor del crecimiento económico. No es necesaria una inversión extraordinaria. Argentina dispone de suelo, solo requiere de una batería de estrategias y un modelo de gestión asociada y participativa, con consensos y racionalidad, que incorpore criterios de justicia en materia de género, como así también pautas ambientales y de planificación territorial.

Este es el desafío. Es urgente llevarlo adelante.

* Desde 1985 profesional de acceso a la urbanización en el Estado Provincial. Ex Director de Regularización Urbana y Dominal (2003-2009). Ex Director General del Instituto de la Vivienda (2009-2019). Profesor grado y posgrado UNLP.