No pueden sino causar profunda preocupación las conclusiones de un análisis realizado por el Consejo Federal de Educación, del cual se desprende que, a la fecha, más de un millón de alumnos no completó las trayectorias escolares –de acuerdo a un dato ofrecido por la Unión Docentes Argentinos-, aunque se advirtió que potencialmente la situación es aún más grave. De acuerdo a los equipos técnicos de UDA, si la pandemia permitiese el dictado de clases presenciales en 2021, al iniciarse el ciclo lectivo entre un 35 y 40 por ciento del alumnado se podría encontrar en situación de deserción o abandono escolar. Esto es, se caerían del sistema educativo el próximo año algo más de tres millones y medio de alumnos.

La entidad también advirtió que si no se realizaran acciones concretas para evitar esa eventualidad y no se volcaran los recursos necesarios, se aumentarán los perjuicios y se abrirán para ese sector de estudiantes las puertas del semi-analfabetismo.

Se aludió como causas principales a la falta o deficiente conectividad de miles de estudiantes, a la carencia de equipos tecnológicos adecuados y al factor negativo que representa la existencia de familias en estado de desocupación laboral. Se ejemplificó con lo que ocurre en la provincia del Chaco, donde más del 50 por ciento de alumnos y docentes carecen de acceso a internet por deficiencias de conectividad o falta de equipamiento.

Desde UDA se remarcó, asimismo, como otros factores gravitantes el deterioro salarial de los planteles docentes, señalándose como muestra que el sueldo inicial docente del país “se encuentra por debajo de la línea de pobreza”, añadiéndose que en varias jurisdicciones estos haberes se vienen pagando con atrasos.

En realidad, es que desde hace muchos años sobran referencias indicativas de la caída registrada en el nivel de calidad de la educación pública de nuestro país, que contó durante décadas -hacia fines del siglo XIX y hasta promediando el siglo XX- con una escuela cuya excelencia la convirtió en modelo para numerosos países.

Un sistema educativo que privilegió a los planteles docentes y que, desde una situación de virtual analfabetismo en la población, evolucionó en forma notable luego de seguir fielmente los principios contenidos en la ley de educación común 1420, sancionada en 1884, que estableció la educación común, gratuita y obligatoria en la Argentina.

En las últimas décadas ese panorama varió dramáticamente. La situación de la escuela pública en nuestro país involucionó en forma sostenida, a través de un largo proceso de deterioro y degradación y así lo corroboraron diversos informes universitarios y de instituciones docentes. Uno de ellos estableció hace dos años que sólo 33 de cada 100 alumnos terminan la escuela pública en tiempo y forma.

Ya se ha dicho que nuestro país –y, por cierto, nuestra provincia- supieron tener una educación pública de calidad. Con posterioridad y por una multiplicidad de razones esa excelencia se vio degradada y prontamente reflejada por crecientes índices de deserción y repitencia escolares –así como por un ostensible traslado de la matrícula hacia la escuela privada-, hasta llegarse a un extremo de déficit educativo oficial que debiera revertirse en el menor tiempo posible.

La capacidad intelectual de nuestra población, acompañada por firmes decisiones políticas de un Estado que no debiera dejar de ver este cuadro de situación, resultarían ser resortes idóneos como para confiar en que podría resolverse en tiempos relativamente breves un problema que, como el de la educación pública, se ve insólitamente relegado, en perjuicio de millones de chicos que merecen la mejor de las enseñanzas.