El ex jefe de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) del ministerio de Seguridad bonaerense en la gestión de María Eugenia Vidal declaró ayer en la causa que lo investiga por presunto “abuso de autoridad y peculado de trabajos y servicios”. En una indagatoria que se prolongó por más de 4 horas, Guillermo Berra explicó ante la fiscal Cecilia Corfield por qué pidió la información por la que terminaron procesados él y su mujer, María Rosario Sardiña, en su rol de ex Auditora Sumarial Especializada de Investigaciones Patrimoniales.

La indagatoria de Sardiña está prevista para hoy. A diferencia de la de Berra (que pese a ser grupo de riesgo accedió a que fuera presencial) se hará de manera remota y, según anticipó su defensor Marcelo Peña, se negará a declarar.

Para la fiscal Corfield, Berra y Sardiña, “abusando de los deberes de su cargo, obtuvieron información y practicaron, ya sea personalmente o por terceros dependientes, tareas de inteligencia sin intervención judicial” respecto de “Néstor Omar Martín y su grupo familiar” y, entre 2016 y 2019, “obtuvieron información y almacenaron datos sobre personas físicas y jurídicas que nada tienen que ver con la esfera de contralor administrativo de la fuerza de seguridad provincial”, en alusión a referentes del Poder Judicial, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Legislatura bonaerense, entre otros.

En su procesamiento, asegura Corfield que para “llevar adelante tales tareas de investigación, recopilación y almacenamiento de información tanto pública como privada, (los acusados) hicieron uso de servicios pagos por la administración pública provincial”, entre los que destaca “las claves de acceso pagas por el Ministerio de Seguridad respecto de la empresa Nosis Investigación y Desarrollo, Equifax-Veraz, ADS -Advanced Development Solutions S.R.L., de la Dirección Nacional de Migraciones y el acceso a las declaraciones juradas reservadas”. La causa se originó con la denuncia de Martín, exonerado en 2016 por presunto enriquecimiento ilícito y conocido mediáticamente como “el comisario millonario”.

“No hicimos jamás tareas de inteligencia”, arrancó diciendo Berra, “todo lo que realizamos fueron actos de gestión dentro del marco legal de la Auditoría”.

Consultado sobre los alcances de las tareas encubiertas que hizo la AGAI durante su gestión, explicó que fueron para “certificar un domicilio o un dato que se recibió, y se llaman así para que no se enteren que se están realizando”.

Del caso Martín dijo, puntualmente, que su sumario “pasó por la Asesoría General de Gobierno, que es un órgano de contralor de la Provincia” y ofreció presentar la resolución que probaría el cumplimiento “de las normas del sumario”.

En su declaración denunció Berra supuestas irregularidades en la documentación que presentó Martín con el objetivo de inculpar a Sardiña, quien, según su esposa, en ese momento “era Inspectora” y no auditora sumarial. Ocupaba ese cargo una funcionaria que “luego se terminó presentando como particular damnificado en mi contra”, reveló Berra.

“Denunciaron a Martín por enriquecimiento ilícito y después me denunciaron a mí porque lo exoneré”

Retomando la cuestión de los “trabajos encubiertos”, refirió el acusado que dicha “terminología ha sido vista judicialmente en muchísimas denuncias, investigaciones” y “en juicios orales, en donde se ha participado el sumario administrativo como prueba y nunca fue objetada, como en la causa de los sobres de la Departamental de La Plata”, que terminó con ocho ex jefes policiales condenados.

E insistió: “Si denuncian que un personal policial vende drogas en una esquina, no podemos avisarle, las tareas que se tienen que hacer son encubiertas, lo mismo si hay que certificar un domicilio”.

En el caso de Martín, aseguró, pretendían averiguar “si conducía un vehículo marca Mercedes Benz blanco de alta gama, como se decía”. Según Berra, este ex comisario que en su declaración jurada admitió tener siete propiedades, dos millones de pesos y un helicóptero experimental, “nunca declaró un vehículo automotor”, lo que les resultó llamativo.

“Durante 3 años todos los fiscales convalidaron nuestro trabajo y ahora que Martín nos denuncia, no vale nada”

Guillermo Berra Ex jefe de Asuntos Internos

Martín tenía a su cargo el manejo de la administración de los fondos de la policía de la Superintendencia de Administración. En otro tramo de la extensa indagatoria, el ex funcionario se explayó sobre la interna que estalló dentro de Seguridad, con él por un lado, y el ministro Cristian Ritondo, su jefe de gabinete Marcelo Hugo Rocchetti, y la auditora sumarial, Daniela Pezzuti, del otro. Según Berra, Rocchetti y Pezzuti “sabían perfectamente el contenido del sumario” y denunciaron a Martín por enriquecimiento ilícito, pero “después se presentaron como particulares damnificados en mi contra”.

Lo resumió de este modo: “El jefe de gabinete (del ministerio) y la auditora sumarial lo denunciaron (a Martín) y el Ministro le dio la baja como si no supiera de la existencia del sumario. Y Pezzuti dice que el sumario no puede avanzar”, pese a que “cobraba un sueldo del Estado para investigar y decía que no podía hacerlo”.

“Todo lo que hemos hecho- recalcó el ex jefe de AGAI-, está en el marco lógico de las funciones del organismo”. Con respecto al uso del Nosis, explicó que “tirar” un informe de este sistema “no es ningún delito”, ya que “es un instrumento que sirve para certificar datos y trabaja sobre bases públicas y es de libre acceso”.

Según declaró, la contratación la hizo el Ministerio de Seguridad para el área a su cargo, Inteligencia Criminal y Narcotráfico, de modo que, según su planteo, muchos de los informes solicitados con el mismo usuario pudieron ser requeridos por esos organismos.

Por último, Berra también explicó que algunos informes “surgían por defecto”, como es el caso de una fiscal casada con un ex jefe policial, o César Melazo, cuya mujer “es comisaria mayor, trabajaba en Científica” y lo requirió la fiscal que investigó al ex juez preso bajo sospecha de liderar una megabanda.