Se profundizan los tironeos por el precio de los alquileres: ¿seguirán congelados?

Las declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre la posible extensión del plazo del decreto que congeló los precios de los alquileres hasta el 30 de septiembre puso en alerta a los martilleros y propietarios. En tanto, los inquilinos plantearon que “es fundamental la prórroga”. De este modo, en plena cuenta regresiva se potenciaron los tironeos.

El presidente Fernández anticipó que está en estudio la posibilidad de prorrogar la vigencia del decreto 320, por el cual quedaron congelados los precios de los alquileres, aunque aclaró que todavía no se tomó una decisión definitiva.

“Hay que esperar para tomar una decisión sobre los alquileres”, dijo al responder una pregunta sobre qué va a pasar con los contratos de locación cuyo congelamiento vence a fines de este mes.

Fernández expresó que “lo que tienen que saber todos es que vamos a proteger a los sectores más débiles porque no es momento de castigarlos. Todos tenemos que hacer un esfuerzo colectivo hasta tranquilizar la economía”.

Por su parte, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires pidió al Gobierno que no extienda el congelamiento del precio de los alquileres. En un comunicado expresan que “la extensión de la normativa implicaría un colapso en la oferta de alquileres y una masiva migración a las operaciones de venta de propiedades”, lo cual dejaría “privados a los miles de inquilinos de la oportunidad de tener una vivienda”.

En este sentido, el vicepresidente del Colegio, José María Sacco, consideró la regulación vigente como una “intromisión del Estado en los contratos entre particulares” y sostuvo que su prolongación “causaría una gravísima situación en el mercado de alquileres”.

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De esa forma, la entidad adhirió al reclamo realizado previamente por el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la República Argentina (Cofeci), que afirmó haber realizado encuestas en todo el país a través de los Colegios Profesionales, que arrojaron “estadísticas bajísimas sobre el incumplimiento del pago de los alquileres de viviendas, como así también, un bajo grado de conflictividad entre las partes”.

Por ende, juzgaron “inoportuno una extensión del decreto de necesidad y urgencia, cuando la actividad económica comienza a normalizarse en el país en la mayoría de los sectores”.

Desde La Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), con el apoyo de la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Buenos Aires (CIBA) indicaron que “en su momento el mencionado DNU resultó oportuno y paliativo para una crisis mundial sin precedentes, siempre basada en su aplicación temporal y teniendo como espíritu rector el esfuerzo compartido de las partes para superar una etapa de gran incertidumbre”.

“Consideramos que continuar ampliando indefinidamente medidas extraordinarias no traerá solución a la nueva forma de vivir de los argentinos y por el contrario, solo generará más disconformidad de los que consideren vulnerados sus derechos ante la lamentable existencia de casos en los que alguna de las partes no comprendió que el esfuerzo no puede recaer en una sola de las partes, ya sea locador o locatario, sino que el equilibrio exige que el esfuerzo sea compartido y todos los derechos sean debidamente amparados”.

FIRA sostiene que “un relevamiento estadístico nacional, de julio pasado, marca que sólo en los casos de recorte de ingresos o cierre de sus negocios, se presentaba la necesidad de postergar, repactar o diferir el pago de sus alquileres (el 8,5% en los alquileres habitacionales y el 23,2% en los alquileres comerciales) o de resolver los contratos (el 1,8% en los alquileres habitacionales y el 4,9% en los alquileres comerciales). Las medidas tendientes a limitar la libertad de contratación de partes, incitan otro tipo de inversión más especulativa que perjudica aún más la necesidad habitacional. Es así que en solo un mes, el 19,1% de inmuebles en oferta incrementaron su valor y se retiró de oferta el 1,5% de inmuebles para vivienda”.

La martillera platense Mariana Valverde sostuvo que “la decisión que se tome debe ser adoptada con mucha cautela, atendiendo a todos los sectores. La extensión del congelamiento puede generar que una vez que se libere la posibilidad de aplicar un ajuste, éste puede ser altísimo y perjudicar a numerosos inquilinos. Hay que tomar en cuenta en este tiempo los propietarios fueron muy prudentes y considerados con los locatarios, fundamentalmente con los comercios. Se acordaron nuevas condiciones entendiendo el contexto que se atraviesa. Y se debe tomar en cuenta que los locadores también forman parte de los sectores desprotegidos”.

INQUILINOS

La agrupación Inquilinos Agrupados solicitó al Gobierno ampliar la vigencia del congelamiento hasta el 30 de marzo de 2021.

El Decreto 320 fue firmado el 29 de marzo último por el presidente, Alberto Fernández, y estableció hasta el 30 de septiembre el congelamiento del precio de los alquileres, la prórroga de contratos y la suspensión de desalojos, entre otras disposiciones.

El DNU fue firmado el 29 de marzo y congeló el precio de los alquileres hasta el 30 de septiembre

En ese marco, la posibilidad de que se extienda el DNU fue bien recibida por el sector de inquilinos ante las dificultades que enfrentan los hogares para afrontar mayores gastos en el marco de la pandemia de coronavirus.

Por ejemplo, el director de la Defensoría de Inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Muñoz, dijo que “fue una más de las buenas noticias que está dando como presidente frente a una crisis que naturalmente afecta al inquilino, que venía de cuatro años en los que los alquileres en Argentina fueron los más altos en la historia”.

“El 50% de las consultas que recibimos tienen que ver con dificultades económicas de inquilinos que no pueden continuar pagando el alquiler, están endeudados, están evaluando irse a vivir con familiares o temen por desalojo”, detalló Muñoz.

Por su parte, la Federación Nacional de Inquilinos presentó en las últimas semanas al Ministerio de Hábitat el pedido para la extensión del DNU, frente a “la situación desesperante que vienen millones de familias inquilinas en todo el territorio nacional. Aproximadamente un millón de familias están en condiciones de ser desalojadas a partir de octubre por las deudas acumuladas”.

Según Inquilinos Agrupados, en agosto el 30% de los inquilinos no pudo pagar el alquiler y la mitad acumula deudas de 2 meses o más de alquiler.