El impuesto a la riqueza desatará una catarata de amparos en la Justicia

Ya se encuentra en la Cámara de Diputados el proyecto que propone gravar con un nuevo impuesto a las grandes fortunas. De acuerdo a la iniciativa, se trata de un tributo que, de aprobarse tal como está, deberá ser pagado por única vez por quienes cuentan con un patrimonio superior a los $200 millones, poco más de 1,5 millones de dólares al cambio paralelo, o unos 2,5 millones de dólares al cambio oficial.

Tributaristas y economistas consultados por este diario afirmaron que el proyecto impulsado por los diputados nacionales Máximo Kirchner y Carlos Heller, es un nuevo paso para generar más pobreza y desigualdad, justamente el efecto contrario del que se pregona para avanzar con el polémico impuesto. Además, entienden que muchos irán a la justicia y dilatarán su pago, mientras que otros ya se desvincularon de algunos bienes para no ser alcanzados por ese eventual tributo. Y, sobre todo, descreen que la propuesta sea “por única vez” citando casos de varios gravámenes que se iniciaron así y aún hoy perduran, como Ganancias, el impuesto al Cheque, Bienes Personales, Ingresos Brutos y otros.

El Gobierno nacional, impulsor de este proyecto desde el ala más dura del kirchnerismo, espera recaudar unos $300.000 millones que van a destinarse -según explican desde usinas oficiales- a morigerar el impacto de la pandemia. Esos fondos no serán coparticipables y estiman que serían supuestamente 12.000 personas las alcanzadas por el nuevo gravamen a los grandes patrimonios.

Desde el sector privado argumentan que no solo creen que habrá más gente alcanzada por el nuevo impuesto, sino que también habrá una “avalancha” de presentaciones judiciales en contra del proyecto, si es que finalmente se convierte en ley.

Al respecto, el economista Ricardo López Murphy se opone a la propuesta oficial. Por eso, le dijo a EL DÍA que “No es bueno subir impuestos sobre un sector privado exhausto”.

En tanto, el contador platense experto en temas tributarios, Juan Fusé, le explicó a este diario que “este proyecto, más allá de su aprobación, tendrá que ser reglamentado y esto podría cambiar algo, pero sin duda, alguna de las personas que podrían quedar afectadas por este impuesto ya deben haber cambiado su domicilio o bien entregado sus bienes o parte de ellos a algún fideicomiso o similar. Ya hace 6 meses que se ‘rumorea’ este proyecto y muchos deben haber actuado en consecuencia para evitar lo que hoy está en tratativas en la Cámara de Diputados. Además, no creo que puedan recaudar lo que esperan porque muchas de las personas afectadas ya han tomado las medidas para eludir este impuesto. Otros acudirán a la Justicia porque hay sobrados motivos para hacerlo y judicializarlo te garantiza de mínima la dilación del pago hasta tanto dicten una sentencia, lo cual puede tardar años”.

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Los problemas están en las raíces

Por su parte, el economista Agustín Monteverde, titular de la consultora Massot/Monteverde & Asoc., le explicó a este medio que “el tema es entender que Argentina se hunde en la pobreza generalizada por seguir siempre las mismas políticas contra la pobreza y profundizar el rol del Estado como equilibrador de diferencias. En la isla de Borneo hay una equidad económica muy grande: son todos muy pobres. Nosotros tenemos que terminar con la pobreza, las diferencias económicas no son el problema, pero estas políticas no solo trajeron pobres, sino miseria. Los antídotos contra la pobreza son el esfuerzo, la innovación, el emprendimiento, el trabajo y la capitalización o el ahorro. Esta ley va a destruir todas estas cosas, es una destructora de ahorros, viola derechos de propiedad, la igualdad ante la ley, destruye a aquellos que nos pueden hacer despegar. Es un poderoso expulsor de capitales productivos y humanos. En Argentina hoy, salvo los políticos, todo el mundo está pensando en irse. Esto destruye el trabajo, porque quién se va a esforzar para mejorar si después te van a castigar. Ya nos dijeron muchas veces que es por única vez. Si es así, ¿por qué no nos devuelven los anteriores impuestos ‘por única vez’ con intereses?”.

Cuestionan el efecto del proyecto impulsado por los diputados Heller y Máximo Kirchner

El economista Martín Vauthier, de la consultora EcoGo, le explicó a este diario los inconvenientes que, entiende, generará la aprobación del proyecto en cuestión. “Lanzado así en forma aislada es una señal contraproducente en este contexto, en el que se requieren señales para brindar certidumbre y tranquilizar la macroeconomía y esto no contribuye en pos de ese objetivo. Lo único que se busca es elevar la presión tributaria desde un piso que es muy elevado para los sectores formales. Podría discutirse en el marco de una reforma tributaria integral, que es algo que el país se debe hace mucho tiempo. Hoy el sistema tributario argentino, al compararlo con economías avanzadas y emergentes, nuestro país está muy cargado de impuestos distorsivos sobre las empresas, como Ingresos Brutos, que grava la producción en cascada; las retenciones a las exportaciones, que es algo que el país necesita en gran medida para generar más divisas; el impuesto a créditos y débitos que desalienta la bancarización. Por eso si se intentara hacer la estructura tributaria más simple y eficiente, más progresiva y menos distorsiva sería muy distinto a un proyecto aislado donde queda la idea que lo único que se busca es aumentar la presión tributaria. En las economías avanzadas la columna vertebral del sistema impositivo es el impuesto a las personas físicas, que grava a los beneficiarios últimos de la renta, es progresivo porque mientras se sube en escala se paga más; y no se descansa tanto en impuestos distorsivos que traban la producción y la generación de ganancias, como en Argentina”.

En sentido contrario, el arzobispo de La Plata, Víctor “Tucho” Fernández, uno de los más cercanos al papa Francisco, sostuvo que en el contexto actual “un impuesto a la riqueza, en ese contexto, cobra todo su sentido”, y advirtió que “hay condiciones de vida tan indignas que ningún país con conciencia puede tolerar”.

“Para resolverlo hará falta sin duda que algunos que pueden hacerlo aporten un poco más”, aseguró el exrector de la UCA entre 2009 y 2018. “Una renta única es un modo de asegurar al menos que no haya miseria, aunque no baste para resolver la pobreza”, analizó, aunque enfatizó que “lo ideal sería que todo se encuadrara en un proyecto inteligente de desarrollo que asegure trabajo para todos”, en declaraciones a La Nación.

Los especialistas creen que la ley tiene varios puntos “flacos” para atacarla desde el ámbito judicial. Al respecto, César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados, advirtió que “en la medida que la ley sea probada como se presentó hay derechos fundamentales de los contribuyentes afectados. El derecho a la propiedad está afectado por la retroactividad de la ley, que toma el patrimonio al 31 de diciembre del año pasado. También hay una duplicación con el impuesto a los Bienes Personales. Y en muchos casos se generaría una situación de confiscatoriedad”.

Para Fernanda Laiún, de Laiún, Fernández Sabella & Smudt, la alternativa es ir por una medida cautelar y pedir la inconstitucionalidad del impuesto. “Si una persona tiene muchos bienes en el exterior y en lugar de tenerlo en activos líquidos los tiene en sociedades, como en un hotel, el tema es cómo se va a hacer de los fondos para pagar, entonces se podría plantear la confiscatoriedad. En otro caso, más vale ir por la inconstitucionalidad”, describe.