Reclaman por cobros indebidos en contratos de alquileres y preparan una ley para que no haya abusos

Los contratos de alquiler siguen siendo un dolor de cabeza para algunos inquilinos, que pese a la nueva ley promulgada este año siguen apuntando contra supuestos cobros indebidos en que incurrirían entidades vinculadas al sector, que comprometerían sumas sustanciales para los arrendatarios, y millonarias si se multiplican por la cantidad de contratos que se celebran al año en la Provincia de Buenos Aires.

Desde la ONG Inquilinos Agrupados, uno de sus voceros, Gervasio Muñoz, señaló que algunos martilleros continúan exigiendo el pago de un sellado (que varía entre 1 y 0,5 por ciento del valor total del contrato) cuando ya no se paga más en la provincia de Buenos Aires; además del pago en efectivo siendo que el decreto plantea que debe hacerse por CBU, reclamo este de vieja data que los representantes de los inquilinos vienen librando duras batallas, sobre todo con los responsables de los colegios de martilleros, quienes siempre se mostraron reticentes a la modificación de la legislación, explican desde el sector.

El año pasado, la Legislatura intentó tratar el tema de estos cargos “extra” al alquiler, pero hubo una fuerte oposición del presidente del Colegio de Martilleros de la Provincia, Juan Carlos Donsanto, quien consideró que implicaba “la pérdida del 50% de los honorarios” de los martilleros, según declaraciones públicas.

La eximición en cuestión está prevista en la Ley Impositiva 2020, sancionada por la Legislatura bonaerense, y se infiere del inciso d del artículo 50, que establece que sí pagarán el impuesto de sellos “los contratos por la locación o sublocación de inmuebles destinados a vivienda única, familiar y de ocupación permanente cuya valuación fiscal supere $1.731,600”. El valor fiscal de las viviendas se elevó con respecto al año pasado, cuando era de 962 mil pesos, por lo que estimaciones oficiales señalan que un 80 por ciento de las viviendas está exenta de pagarlo.

“En todo alquiler para vivienda familiar no se pagará sello salvo que el valor fiscal de la vivienda (figura en el impuesto inmobiliario) esté por encima de $1.731.600. En ese caso se pagará el 0,5% del valor total del contrato”, explicó el titular de la Federación, Gervasio Muñoz. Pero, según explican, en algunas regiones de la Provincia se aplica el impuesto de manos de los colegios de martilleros locales.

Por eso, en el mercado de los alquileres los requisitos y condiciones para acceder a una vivienda siguen siendo un tema delicado para los ciudadanos de la Provincia y es por eso que -tal como adelantara este diario- en la Legislatura provincial ya circula un proyecto con el que se buscan eliminar algunos cargos en comisiones, sellados y timbrados en locaciones con destino a vivienda, y estarían mirando con lupa esta supuesta irregularidad en el cobro de un porcentaje sobre sellos que, según aseguraron a este diario asesores del cuerpo legislativo, “no se sabe adónde van, porque ARBA no los cobra”.

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Por eso está en estudio el monto del sellado que se paga, porque llega en algunos casos al 1 por ciento del valor total del alquiler, según las denuncias de los inquilinos, en donde se cometería otra irregularidad: además de cobrarlo indebidamente, se cobra el doble de lo que establece la ley para algunas propiedades (1 por ciento contra o,5 por ciento). Es que este tributo se tiene que cobrar en contratos de propiedades cuya valuación fiscal no supere los $1.731,600, aunque a veces se paga igual, según revelaron abogados vinculados al sector inmobiliario. De ese 1 por ciento considerado irregular, un 0,5 por ciento iría a las arcas de ARBA, mientras que el restante 0,5 por ciento se desglosa en 0.2 puntos para los Colegios de martilleros distritales y los otros 0,3 puntos destinados a la caja jubilatoria de los martilleros, según mails internos que circulan entre inquilinos y colegios.

Por eso el proyecto que circula en la Legislatura bonaerense apunta a revisar este ítem, que está en manos de diputados de distintas fuerzas, para amortiguar un poco el impacto en el bolsillo del inquilino el costo de un alquiler, según explicaban los letrados a El Día, pero además para terminar con una situación que pareciera estar en contra de la ley.

Los colegios que cobran (como agentes de recaudación) el tributo en este formato son los de Azul, Bahía Blanca, Zárate-Campana, Dolores, Junín, La Plata , Lomas, Mar del Plata, Mercedes, Moreno y General Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, La Matanza, San Martín, San Nicolás y Trenque Lauquen, según aclararon las fuentes.

Para Inquilinos Agrupados, la solución al problema viene de la mano de un rol activo por parte del Estado, en relación a los controles y al cumplimiento tanto de la ley. “No solo se trata de que paguen impuestos, es lo de menos, registrar los contratos es sacar de la oscuridad el alquiler de viviendas en Argentina. Hoy nadie sabe quiénes son esos propietarios o cuántas propiedades poseen”, advierte.