Un grupo de funcionarios, ex presidentes latinoamericanos, periodistas y actores pidieron por la libertad de Boudou

Este domingo se difundió una nueva solicitada pidiendo por la libertad de Amado Boudou que fue firmada por dirigentes del kirchnerismo, ex presidentes de distintos países de Latinoamérica, actores, periodistas, funcionarios del Gobierno Nacional, entre otros.

El escrito se da diez días después de que el juez de Ejecución Penal Daniel Obligado ordene el regreso a la cárcel del exvicepresidente de la Nación para cumplir la condena por el caso Ciccone. El magistrado revocó el arresto domiciliario al considerar que habían cambiado las circunstancias por las que lo había enviado a su casa, que en su momento era que debía estar con sus hijos mellizos de dos años y que su esposa, ciudadana mexicana, debía trabajar para sostener la familia.

“La persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista persiste en la Argentina a pesar del triunfo popular en las últimas elecciones”, indican los firmantes en la solicitada, entre los que se encuentra los ex presidentes Lula Da Silva (Brasil), Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Dilma Rousseff (Brasil), Fernando Lugo (Paraguay), Ernesto Samper (Colombia) y Manuel Zelaya (Honduras).

Entre los funcionarios y legisladores que pusieron la firma, por su parte, se encuentran el ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; la titular del PAMI, Loana Volnovich; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; los legisladores Hugo Yasky, Eduardo Valdés, Norma Durango y Leopoldo Moreau; el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan; y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque.

“Estamos en presencia de una guerra que se despliega a través de medidas judiciales, fabricación de noticias que manipulan la opinión pública y el intento de crear un clima de odio e intolerancia en la población”, se lee en otro pasaje del escrito.

Además, aseguraron que “es una guerra que, según se va esclareciendo, floreció durante el gobierno de Mauricio Macri bajo la supervisión de varios de sus funcionarios principales, incluido el propio presidente” y afirmaron que los “medios de comunicación monopólicos y segmentos corrompidos del poder judicial han generado una estrategia común que envenena la atmósfera política”.

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Por otro lado, precisaron  que “la situación de Amado Boudou testimonia con exactitud esa estrategia de guerra, objeto de un sistemático ataque de los medios de comunicación concentrados hasta convertirlo en un equivalente absoluto de la corrupción estatal”. Además, consideraron que “un puñado de medios de comunicación son los que organizan una persecución política y moral contra quien fuera vicepresidente durante el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner”.

Y añadieron: “Está muy claro que se trata de una venganza por las decisiones en las que participó, y particularmente por la recuperación para los trabajadores de los fondos de pensión que habían sido enajenados a favor de grandes consorcios financieros”.

“Esta situación implica un profundo deterioro de la política, de las creencias sociales y del lenguaje general de una sociedad. Es una verdadera emergencia político-judicial que pone en riesgo la convivencia entre los argentinos y argentinas”, sostuvieron los firmantes.