Reiteradas tomas de terrenos que afectan a patrimonios del Estado

Las muy graves consecuencias que originan en nuestra zona las muy reiteradas usurpaciones de terrenos –avaladas, si vale el término, por las demoras en que incurren distintos organismos del Estado para enfrentarlas y disiparlas- se ven potenciadas cuando los que se ven invadidos por ocupantes particulares son bienes que pertenecen al dominio público, en situaciones que en la Región se traducen en tomas de parcelas o instalaciones pertenecientes al ferrocarril, así como aquellas que afectan las trazas de avenidas que, como en el caso de la avenida 90, se convertirán en uno de los principales enlaces camineros del Puerto La Plata con el resto del territorio bonaerense.

En ese sentido, hace tiempo que se habla de la seguidilla de inadmisibles ocupaciones de tierras que son cruzadas por las vías del antiguo ramal ferroviario que unía a La Plata con Brandsen y que desde algunos sectores se intenta reactivar. La junta vecinal conformada con ese propósito no ha dejado de cuestionar la presencia de intrusos que levantaron viviendas precarias y que, de ese modo, obstaculizan el proyecto.

Los dirigentes vecinales sostuvieron que es se reiteran las tomas ilegales de tierras cruzadas por las vías y que, en principio, es responsabilidad primaria del Gobierno nacional velar por la solución del problema, en su rol de administrador natural del tramo ferroviario. Aseguraron, asimismo, que también le incumbe a los municipios accionar en igual sentido. Pusieron de relieve que, en caso de que no se consiga una pronta recuperación del ramal La Plata-Brandsen, ello no justificaría en modo alguno permitir que persistan o se extiendan las usurpaciones de tierras que pertenecen al Estado nacional y que, como tal, deben permanecer.

Cabría añadir que similares problemas –con ocupaciones, inclusive, de algunos bienes inmuebles del ferrocarril- vinieron ocurriendo sin freno en el ramal del tren provincial que unía la estación de Meridiano V con la de Avellaneda, inactiva también desde hace años.

Por su parte, ayer en este diario se reflejó el problema que plantea la presencia de viviendas que, por su cercanía a las vías, literalmente obstruyen el paso del Tren Universitario en la zona de la estación Meridiano V. Vecinos y representantes de instituciones dijeron que están juntando firmas para formular un petitorio en defensa del actual trazado de la formación y remarcaron que “hay ocupaciones presuntamente ilegales, cercanas a la vía, desde donde arrojan basura y chatarra a la vía, dificultando el libre paso y al no haber controles de las autoridades correspondientes, estas personas usan el terreno del ferrocarril como si fuera suyo”.

Tal como se dijo antes, se han producido también tomas de tierras en algunos sectores de la traza de la avenida 90, elegida ya como futura y principal vía de ingreso y egreso al Puerto La Plata, con enlace hacia las rutas 2 y, fundamentalmente, la 6, de modo de relacionar al puerto local con zonas densamente pobladas y con las estaciones portuarias del norte de la Provincia y con el de Rosario. Se trata, por cierto de uno de los accesos potencialmente más importantes para dinamizar a nuestra región.

No debiera ser necesario señalar que en todos estos casos, es de sana administración que el Estado haga lo necesario para mantener intangibles propiedades que no sólo le pertenecen sino que, tanto en el cercano presente como en alguna oportunidad, podrán ser rehabilitadas para que cumplan su función, es decir canalizar con fluidez los transportes ferroviarios o terrestres.

Resulta inadmisible que una propiedad fiscal, sostenida desde su origen por el impuesto de los contribuyentes, no sea protegida en forma constante y meticulosa por las administraciones responsables.

Uno es el problema complejo, nutrido de diversas urgencias, que está planteado para quienes no pueden acceder a una vivienda digna. Otro y muy distinto es el de las tierras que –como las que forman parte de un ramal ferroviario o de un trazado caminero- resultarán imprescindibles.

Es deber del Estado, entonces, mantener en plenitud el dominio de esos bienes.