Líder de Los Monos sumó otra pena y ya acumula casi 90 años de cárcel

En una sala del penal de Marcos Paz, con el cabello prolijamente cortado, un barbijo celeste y un buzo negro con vivos rojos, Ariel Máximo “Guille” Cantero escuchó la sentencia sin inmutarse: 22 años de prisión por balaceras cometidas en 2018 contra domicilios de funcionarios y sedes judiciales, que se le unificó en 28 años y 8 meses por una condena previa que tenía por amenazar a un juez. Los integrantes del tribunal que la dictó, Hebe Marcogliese, Rafael Coria y Pablo Pinto, observaban a Cantero y al resto de la banda por una pantalla, en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

Con esta condena, el líder de Los Monos suma un total de 86 años y 8 meses de cárcel, aunque resta confirmar algunas sentencias y la unificación de penas. En cualquier caso, la legislación impide que sean más de 50 años. “Guille” tiene apenas 33.

“Los hechos objetos de este juicio no reconocen precedente en nuestro país”, dijo al momento de la lectura de veredicto la presidente del Tribunal, Marcogliese, y recordó que en 90 días “se llevaron adelante 12 ataques” que no estaban dirigidos a personas “sino a instituciones, que esas personas representan como miembro de un poder del Estado”. Por eso sostuvo que en el juicio se vio a “un poder, el de la violencia y el miedo, confrontando, desafiando y negando el poder del Estado”.

“Aspiramos a que éste sea un punto de inflexión, un hito a partir del cual se ponga un freno definitivo a las organizaciones que ponen en vilo las instituciones democráticas”, auguró la presidenta del Tribunal. Parece poco probable: la de ayer es la séptima condena que recibe Cantero, de las cuales cinco corresponden a delitos cometidos mientras estaba en prisión (ver aparte).

los otros sentenciados

En el juicio oral que se realizó bajo una modalidad semipresencial, el Tribunal encontró a Cantero responsable de siete de los diez ataques que se cometieron hace tres años en Rosario. Y también condenó a otros integrantes del clan.

Matías César y su ex novia Lucía Uberti recibieron una condena a 20 años de prisión, mientras que Daniel “Teletubi” Delgado fue sentenciado a 12 años y seis meses de cárcel. Como ya había sido condenado por homicidio en el juicio por el triple crimen de militantes sociales de Rosario, en Año Nuevo de 2012, el tribunal le unificó la pena en 33 años y 6 meses de cárcel y lo declaró reincidente. El resto de los acusados por las balaceras contra objetivos judiciales también fueron condenados: Leandro Olivera a 11 años; Leonel Fernández a 8 y Damián Chávez a 7. Otros cuatro jóvenes involucrados en esos hechos habían aceptado su participación y fueron condenados en procedimientos abreviados previos al juicio.

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Marcogliese dijo que “los jueces comprendemos que el fenómeno (de la narcocriminalidad) no se restringe a un problema de seguridad que pueda ser resuelto por un tribunal. No depende de las cantidades de personas detenidas, ni de los kilogramos de droga secuestrada, ni del monto de las penas que se impongan, que en muchos casos no impiden la comisión de nuevos delitos”.

En una lectura previa al fallo, el Tribunal puntualizó que los diez hechos de balaceras que se juzgaron se produjeron entre la sentencia que condenó a Cantero el 9 de abril de 2018, su traslado por decisión de la Justicia Federal a una cárcel de la provincia de Chaco en mayo y la detención de César y Uberti, en septiembre de ese año, “a partir de las cuales cesaron”.

Para los magistrados, Cantero fue el ideólogo de 7 de los 10 tiroteos y para eso se contactó desde la cárcel con los “cabecillas de tres bandas delictivas de Rosario, la de barrio Alvear liderada por Daniel Delgado; la banda de ‘Quintana’, liderada por César. y la de Leandro Olivera”. Ellos, a la vez, contrataron a los ejecutores materiales de los atentados, con el objetivo de amedrentar o condicionar al Poder Judicial.

El fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada, Matías Edery, reveló ayer mismo que se han llegado a pagar “desde 4 mil pesos a sumas millonarias” a sicarios por homicidios y que “el negocio real es el negocio de la venta de la violencia”.

llamado a los otros poderes

La sentencia enmarcó los hechos en la conflictividad de la narcocriminalidad, al sostener que los condenados son personas que “llevaban actos violentos de diversa naturaleza, vinculados a la defensa del territorio para asegurarse el mantenimiento del negocio de estupefacientes”, así como “usurpaciones y uso de armas”. Los jueces también hicieron un llamado a los otros poderes del Estado para enfrentar el problema de la criminalidad en Rosario.

“Esperamos que las repuestas no se reduzcan al sistema penal, al castigo y al encierro, sino que también de una vez aborden desde la inclusión social y la igualdad de oportunidades. Esa será la única manera de disminuir la violencia estructural y cultural que nos castiga a todos por igual, y que parece no tener freno”, dijeron.

Uno de los fiscales del juicio, Miguel Moreno, coincidió con la presidenta del Tribunal en que “un fallo no va a hacer cesar esta situación de violencia que vivimos a diario”, a la vez que se declaró “conforme con el resultado obtenido en el juicio” aunque las penas fueron sensiblemente menores a las solicitadas”.

El abogado defensor de Cantero, Fausto Yrure, sostuvo por su parte que su cliente “no tuvo intervención en ninguno de los casos” que se le endilgaron. “Lo dijimos en el principio del debate, en cierto modo este es un proceso cuyo final era esperable. No por la presencia de elementos probatorios contundentes en contra de mi defendido, sino por el contexto general”. Yrure dijo que “no se ha probado que fuera Cantero el que mandaba y ordenaba los delitos”, y adelantó que esperará a conocer los fundamentos de la sentencia para decidir su apelación.

La última jornada del debate tuvo un inusual despliegue de seguridad: unos 250 efectivos de fuerzas de seguridad en 98 puestos fijos y 70 patrulleros.