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Busca frenar la violencia a veces reivindicada por grupos de indígenas que exigen la devolución de sus tierras ancestrales
SANTIAGO
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó ayer el estado de excepción y la militarización de una importante zona del sur del país convertida en escenario de ataques, incendios y violentos enfrentamientos con indígenas mapuches que reivindican tierras ancestrales.
“Hemos decidido decretar estado de excepción” en 72 comunas de las regiones sureñas de Biobío y La Araucanía, que “contempla la designación de jefes de la defensa nacional” para controlar una situación de “grave alteración del orden público”, avisó Piñera.
El mandatario hizo el anuncio en el Día de la Raza o de la Hispanidad cuando, en medio de polémicas con los pueblos originarios, América latina conmemoraba la llegada del navegante Cristóbal Colón en 1492.
Son “de público conocimiento los graves y reiterados hechos de violencia vinculados al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado, cometidos por grupos armados” en esas regiones, donde han muerto “personas inocentes” y policías, expresó Piñera.
La medida, que limita las libertades de reunión y locomoción, regirá inicialmente por 15 días, que pueden ser eventualmente prorrogables.
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Los líderes mapuches, la mayor etnia chilena con más de 1,7 millones entre los 19 millones de habitantes, demandan la restitución de tierras ancestrales, que están en manos de empresas forestales y hacendados.
La falta de diálogo y solución a sus reclamos ha provocado una escalada de violencia en la última década, con ataques incendiarios a predios privados y camiones. También salió a luz la presencia de redes de narcotráfico y de organizaciones de autodefensa, así como operativos policiales presuntamente montados para inculpar a los indígenas.
El domingo, los choques entre la policía y manifestantes durante una marcha en Santiago en favor de los mapuches causaron la muerte de la estudiante de Derecho Denisse Cortés, de 43 años, inicialmente identificada por autoridades como abogada.
Una mayoría de los mapuches viven en la pobreza y vieron reducidas sus tierras ancestrales ante la expansión de la próspera industria maderera, responsable del 8 por ciento de las exportaciones.
Las regiones de Biobío y La Araucanía, situadas a unos 600 km al sur de Santiago, son un área fértil de más de 55.000 km2 con cultivos agrícolas, extensos bosques y volcanes nevados, donde viven 2,7 millones de personas.
Con el estado de excepción, las Fuerzas Armadas dan apoyo logístico y también contribuyen con patrullaje y transporte a los procedimientos policiales. Piñera aseguró que esta medida “en ningún caso se orienta en contra de un pueblo o un grupo de ciudadanos”.
El Presidente puede prorrogar por otros 15 días el estado de excepción, pero para prolongarlo más de un mes requiere el aval del Congreso.
La analista política Lucía Dammert criticó la decisión de Piñera advirtiendo que la militarización puede causar un “escalamiento” en el conflicto mapuche y lamentó la “incapacidad” del gobierno para buscar soluciones pacíficas.
En tanto, el gobernador de la Araucanía, el oficialista Luciano Rivas, respaldó la militarización.
Las reivindicaciones mapuches comenzaron a ser escuchadas luego del fin de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990, pero han cobrado fuerza tras el estallido social de octubre de 2019.
La Convención Constitucional -instalada hace 100 días- es presidida por la académica mapuche Elisa Loncon y 17 de sus 155 miembros son representantes de 10 pueblos originarios, siete de ellos mapuches.
Sin embargo, algunos líderes indígenas dudan que la nueva carta magna pueda satisfacer sus demandas de tierras y autodeterminación.
En el siglo XVI los mapuches resistieron la expansión de los incas y luego a los conquistadores españoles, que jamás los sometieron.
Hacia 1870, las comunidades indígenas de la Araucanía fueron sometidas por el Ejército chileno, con lo que comenzó el proceso de asentamiento de colonos foráneos y el cambio de propiedad de las tierras ancestrales. (AFP)
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