WASHINGTON

La Organización de Estados Americanos aprobó el miércoles una nueva resolución pidiendo elecciones libres en Nicaragua, en la que volvió a exigir la “liberación inmediata” de los opositores detenidos, incluidos siete aspirantes presidenciales, y alertó sobre el “deterioro” de la situación de los derechos políticos.

El texto fue apoyado por 26 de los 34 miembros activos del bloque regional. Argentina, Barbados, Bolivia, Guatemala, Honduras, México y San Vicente y las Granadinas se abstuvieron. No hubo votos en contra.

Nicaragua, que rechazó enérgicamente la iniciativa, fue el único país que no votó.

La resolución, muy similar a la aprobada el 15 de junio con igual número de votos a favor, destaca “con alarma” el “empeño” del gobierno de Daniel Ortega de “minar” el proceso electoral.

Y expresa su “grave preocupación” de que los intentos del Consejo Permanente de la OEA de “comprometer” a las autoridades nicaragüenses a celebrar elecciones libres y justas hayan sido “ignorados”.

Por eso, reitera “su llamado para la liberación inmediata de los candidatos presidenciales y de los presos políticos” y urge nuevamente “con vehemencia” al gobierno de Ortega a realizar reformas electorales.

Según la resolución, Nicaragua no cumple con los criterios mínimos para realizar elecciones de conformidad con la Carta Democrática Interamericana, el instrumento regional de defensa de la institucionalidad, lo cual “debilita la credibilidad” de la votación prevista para el 7 de noviembre.

CRÍTICAS A LA POSICIÓN ARGENTINA

Respecto de la posición de la Argentina en medio de esta movida, Carlos Raimundi, representante de nuestro país en la OEA, indicó: “No consideramos pertinente acompañar esta declaración, la consideramos improcedente y extemporánea”.

Su afirmación le valió las críticas del gobierno uruguayo. El representante diplomático de ese país, Washington Abdala, tiró: “No sé si estoy en otra sintonía; no termino de comprender a los países que no entienden que la dictadura nicaragüense es de un grado de violencia extrema”. Y agregó: “¿Qué se necesita para comprender que no se les está permitiendo a los candidatos ser libremente candidatos, que hay un pueblo desesperado clamando por libertad? ¿Qué pruebas hay que ofrecerles para que adhieran a un razonamiento que hacemos todos para enfrentar a este tipo de dictaduras?”.

Abdala, además, señaló: “¿Qué es esto de la injerencia? Sean claros. Lo único que estamos haciendo en el plano internacional es expedirnos, razonar, algo que no hace la dictadura, que mata, asesina y priva de la libertad”.

CACERÍA DE OPOSITORES

En los últimos meses, 37 opositores han sido detenidos en Nicaragua, incluidos siete aspirantes a la presidencia para los próximos comicios, donde Ortega, en el poder desde 2007, aspira a un cuarto mandato consecutivo.

Managua denostó la “grosera” interferencia de la OEA en los asuntos internos de un país.

“Nadie debe intervenir por el derrotero de nuestra vida institucional”, dijo el embajador Michael Campbell al inicio de la sesión, al fundamentar su no participación.

El funcionario nicaragüense aseguró que el proceso electoral “avanza” con una docena de partidos políticos y que “los que se autoexcluyeron, lo hicieron por voluntad propia”.

“En nuestro país no hay un solo candidato detenido, ni uno. No hay un solo inocente procesado”, afirmó.

“Los que están siendo objeto de procesos legales son agentes extranjeros” que “internaron millones de dólares para destruir, matar, quebrar la economía y subvertir el orden constitucional”, sostuvo el delegado de Ortega.

La resolución, patrocinada por Antigua y Barbuda, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, EE UU, Paraguay, Uruguay y Venezuela (representada por un delegado del líder opositor Juan Guaidó), fue celebrada por el titular de la OEA, Luis Almagro.

El texto advierte que el organismo puede tomar “otras acciones” con relación a Nicaragua durante su próxima asamblea anual, que se realizará de modo virtual del 10 al 13 de noviembre organizada por Guatemala.

Almagro ya pidió en junio activar los mecanismos para aplicar a Nicaragua el Artículo 21 de la Carta. Esta disposición establece que un país puede ser suspendido de la OEA si dos tercios de los estados miembros deciden que hubo una “ruptura del orden democrático” y “las gestiones diplomáticas fueron infructuosas” para revertir la situación.