La incertidumbre por el destino de la actual ley de alquileres empezó a frenar operaciones en el mercado inmobiliario y la preocupación y la confusión está en ascenso. Propietarios comenzaron a dar marcha atrás con la oferta de sus propiedades a la espera de que aclare el panorama legal que rige la actividad. Esa retracción de la oferta comienza a subir los precios de las propuestas que aún están en pie.

Según informó la martillera platense Mariana Valverde, especializada en alquileres, “los propietarios comenzaron a sacar del mercado las casas que tenían en oferta hasta saber qué normas van a regir. Con los departamentos más chicos la actividad sigue su curso con cierta normalidad”.

El tema está ocupando cada vez mayor espacio de conversaciones en el sector. Los operadores inmobiliarios de la Ciudad -al igual de lo que ocurre en distintos puntos del país- temen una paralización de las operaciones, con fuertes consecuencias en el sector.

Hay distintas cuestiones por resolver: ¿cómo se va a suspender la aplicación de la ley actual? ¿Por decreto de necesidad y urgencia (DNU) o por ley con la conformación del nuevo congreso nacional que asume el próximo 10 de diciembre? ¿Qué pasará con los contratos que se firmaron con la actual ley 27.551? ¿Qué marco legal tendrán los contratos que se celebren en esa ventana de tiempo, entre la suspensión y la nueva ley?

Para el operador inmobiliario Héctor Agostinelli, “esta ley que se está por derogar o paralizar por seis meses lo único que crea es incertidumbre y la situación aporta mayor confusión. Los propietarios necesitan pautas claras y saber cuánto les va a redituar. Es sencillo, pero en este contexto parece lejano de conseguir”, dijo.

“En el contexto que está atravesando el país, tres años de contrato es mucho tiempo, es un montón. Lo mejor es regresar a un contrato de dos años y que las partes hagan el tradicional pacto para las actualizaciones. Es lo más sano y es lo que uno pretende para favorecer a ambas partes. Con la actual ley, locadores y locatarios salieron perjudicados. Los primeros porque están atados a un vínculo de tres años, que es mucho tiempo, y los inquilinos porque lo poco que ha quedado está caro y las actualizaciones fueron muy altas”, agregó el profesional.

“Cuando el Estado se mete en la actividad privada es malo. El índice de actualización, cercano al 52 por ciento, es una locura. Y no se puede hacer nada para modificar las pautas que marca el Banco Central. Cuando se atan las propuestas a las variables inflacionarias no tienen buenos resultados”, dijo el martillero Ramón Penayo.

Sobre el futuro de los contratos que se firmaron con la ley actual también hay dudas. “Hay muchos acuerdos que se firmaron desde mediados del año pasado a esta parte. Los inquilinos pagaron comisiones en base a los tres años y no será sencillo dar marcha atrás con estos contratos”, opinó otro de los martilleros locales consultados.

Según se pudo saber, las mayores posibilidades indicarían que se sostienen los contratos vigentes hasta que finalicen y de allí en más ver con qué marco legal sigue el mercado de alquileres.

Sobre cómo se firmarán los contratos de alquiler mientras se suspende la aplicación de la ley 27.551 (votada y aprobada en junio del año pasado), casi todo indica que se regresaría al régimen regulado por el Código Civil, según el cual las partes negociaban el valor del alquiler.

EL ÍNDICE QUE ASUSTA

El indice de ajuste de los contratos de locación que informa todos los meses el Banco Central plantea para diciembre incrementos del 51,38 por ciento para quienes tienen que actualizar el pago de los alquileres, según informó en sus redes sociales el colegio de Martilleros y Corredores Públicos de La Plata.

El índice se ajusta según un mix de aumento de la inflación y subas salariales.

Los propietarios, en el contexto de alta inflación que está atravesando la economía nacional, no se sienten “cómodos” con ajustes que no pueden acordar con los inquilinos. Al locatario, en tanto, semejante aumento en el mes 13 del contrato le provoca serios problemas económicos porque tiene que afrontar montos de alquiler superiores al 50 por ciento de lo que pactó el año anterior. Por ejemplo, para alquileres que fueron pactados en 20.000 pesos en noviembre o diciembre del año pasado, la suma a pagar desde la actualización pasa a los 30.000 pesos.