Piden que los presos sean vacunados como "grupo de riesgo": qué dice la calle

El pedido para que los presos sean considerados grupo de riesgo y en consecuencia recibir la vacuna contra el COVID no pasó desapercibido y generó polémica y resistencia antes que las autoridades dieran una respuesta formal, en especial porque el año pasado cientos de detenidos fueron liberados bajo el pretexto que el encierro podía disparar los contagios, algo que finalmente no ocurrió.

Están los que no creen que deban ser considerados grupo de riesgo, lo cual no los ubicaría en una posición de privilegio para ser vacunados. Y están los que consideran que sí tendrían que ser inoculados contra el coronavirus, pero después que se termine con el personal de salud, docentes y auxiliares y demás grupos de riesgo que se fijó como prioridad en la vacunación.

La iniciativa fue impulsada por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), desde donde pidieron tanto a las autoridades nacionales como provinciales que las personas privadas de la libertad sean incorporadas a los esquemas de vacunación por grupos de riesgo y franjas etarias "en iguales condiciones que aquellas que están en contexto libre",

De ese modo, plantearon que se podrá "garantizar el principio de igualdad y no discriminación". Con formato de recomendación, el Comité recordó que el Plan Estratégico para la Vacunación fijó "un esquema de priorización por población objetivo" que, a partir de criterios epidemiológicos, determinaba qué grupos de riesgo (como trabajadores de la salud, docentes, fuerzas de seguridad) o franjas etarias (mayores de 70) serían vacunados en una primera etapa.

En ese esquema, el CNPT señaló que "se incluyó específicamente a las personas privadas de libertad" a raíz del riesgo adicional que implica el contexto de encierro y de sobrepoblación, usual en cárceles y comisarias.

Pero tras relevar establecimientos y en base a información oficial, el Comité comprobó que "se registraron escasos avances en la vacunación a personas privadas de su libertad en el ámbito penitenciario", tanto a nivel nacional como de las provincias. "Más aún, en muchas jurisdicciones no inocularon a las personas privadas de su libertad que representan grupos de riesgo", por los mayores de 70 años o con comorbilidades (diabetes, obesidad, hipertensión u otros cuadros clínicos) que están presos en establecimientos penitenciarios o policiales.

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Tras este diagnóstico, el CNPT solicitó la adopción de "medidas efectivas e inmediatas para asegurar que dentro de los esquemas de vacunación de grupos de riesgo por razones de salud, etarias o de otra índole sean incluidas las personas privadas de su libertad en iguales condiciones que aquellas que están en contexto libre".

El Comité de Prevención de la Tortura fue creado por la ley 26827 (Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes), sancionada en 2012, y una de sus funciones es garantizar los derechos reconocidos tendientes a la prevención y prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, con especial atención a "las condiciones en que se cumple la detención en los lugares de encierro".

Otra de sus potestades es, de acuerdo a la normativa, "promover la aplicación de directivas, recomendaciones, estándares y criterios de actuación".