Escándalo y pedido de informes por la empresa de testeos en Ezeiza

Diputados de la oposición presentaron ayer en la Cámara baja un pedido de “acceso a la información pública y de informes” para conocer en detalle el contrato de la empresa encargada de realizar los testeos obligatorios en el aeropuerto de Ezeiza a los que viajan a otros países o regresan.

Tras conocerse una investigación peridodística, los legisladores de Juntos por el Cambio Alfredo Cornejo, Graciela Ocaña y Luis Petri, le reclamaron explicaciones al Gobierno nacional sobre los test de antígenos, conocido como hisopado rápido, similar al que el gobierno porteño realiza gracias en los centros de testeo. De acuerdo a una nota del diario La Nación, lo llamativo es que se trata de una sociedad “recién creada, sin antecedentes en análisis clínicos, cuyas dueñas son dos monotributistas”.

Siempre de acuerdo a la investigación periodística, una de las responsables sería Paola Perillo Orellana, que está inscripta en la AFIP con la categoría más baja, con una facturación de $18.000 por mes; la otra, sería Laura Cáceres, que puede facturar hasta $34.700 cada 30 días.

Calculan que la sociedad conocida con el nombre de Labpax, facturaría al menos cinco millones de pesos por día.

En este sentido, los diputados de Juntos por el Cambio quieren conocer con precisión el contrato entre el Estado y la firma Labpax.

“Junto a Luis Petri y Graciela Ocaña, tras la publicación de una nota periodística, realizamos un pedido de acceso a la información pública y de informes a la Cámara de Diputados para conoce en detalle el contrato de la empresa que realiza los testeos en Ezeiza”, publicó en su cuenta de Twitter el diputado Cornejo.

En el proyecto de resolución los legisladores solicitan al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y a los ministros de Salud, Carla Vizzotti y de Transporte, Gabriel Katopodis -en su carácter transitorio- que informen sobre “los motivos y criterios que llevaron a la tercerización de los test, la modalidad de la contratación del servicio y detalle sobre las empresas seleccionadas para su prestación”.

También pidieron precisiones sobre el tipo de test que se realiza.

Mientras, el bioquímico Jorge Chizzolini, cuya firma se lee impresa en los miles de resultados que se entregaban a los viajeros, denunció ante La Nación que le usaron el nombre y la matrícula cuando ya no tenía ninguna relación con la empresa desde el 31 de marzo.