Columnista de EFE

Desde el ámbito político, pasando por el económico y el social, Venezuela es hoy una nación divida en dos partes muy diferentes. El país sudamericano vive polarizado políticamente desde hace casi 20 años y la desigualdad socioeconómica está cada vez más acentuada.

Ya no se trata solo de opositores y chavistas, sino que la realidad más palpable es la de las clases sociales. Una mayoría que se encuentra en pobreza extrema que, según diversos estudios, alcanza al 80 por ciento de la población, y un pequeño grupo que puede acceder a ciertos “privilegios”.

Algunos economistas y políticos ven este último sector como un grupo “elite” que se volvió más rico, mientras que otros señalan que se trata del restante de una clase media que, aseguran, está por desaparecer y de la cual no hay datos oficiales, porque no son públicos los ingresos ni hay una definición propia.

Según el más reciente estudio sobre la clase media venezolana, publicado el pasado mes de febrero por la firma consultora Anova Policy Research, el ingreso promedio real de este sector de la sociedad, “independientemente” de la definición del concepto que se utilice, ha caído más de 70 por ciento desde 2010. “Y hoy en día, aproximadamente 9 de cada 10 familias consideradas de clase media al principio de la década ya no lo es”, agrega el documento de la firma que utiliza varios conceptos para definirla, entre ellos un estudio del Banco Mundial de 2011 que considera a este sector como aquel que tiene ingresos que le permitan protegerse en eventos negativos y con cierto grado de estabilidad económica.

Esta teoría fija el umbral inferior de ingresos en 10 dólares per cápita por día y el superior en 50 dólares, ajustado por la paridad del poder de compra. Según esto y los datos de la firma, el porcentaje de población viviendo con este rango de ingresos pasó del 62,0 por ciento en 2010 al 15,5 por ciento en 2020.

La consultora aclara que para llegar a la conclusión de la caída “abrupta y sostenida” de la clase media realizó una fusión de varias teorías y encuestas de ONG en Venezuela sobre hogares y señala que la erosión para este sector inició en 2013 con el “choque de los ingresos”.

Desde ese año, Venezuela se enfrenta a una dura contracción económica que expertos en el área aducen a las políticas implementadas por el Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y que continuaron con su sucesor Nicolás Maduro.

El economista y exdiputado Ángel Alvarado resume estas políticas en tres: la destrucción de los derechos económicos (la caída del salario mínimo hasta ser hoy menos de un dólar, la expropiación de empresas y con ello la desaparición de empleos), el sobreendeudamiento del país y la destrucción de la industria petrolera. La clase media “básicamente se destruye cuando se destruyen los empleos y se destruyen los empleos cuando la economía entra en una contracción económica”, sostiene Alvarado que defiende que este sector “desapareció” en Venezuela.

En el país caribeño, hay sectores en grandes ciudades en los que la crisis pareciera inexistente. El auge de pequeños nuevos negocios, la venta de productos importados y los vehículos a estrenar -una industria paralizada desde hace años- son una muestra de este sector de la sociedad que tiene ciertos privilegios.

Son personas que, además, tienen acceso a divisas y a una mejor calidad de servicios, pese a que fallan a nivel nacional. Su poder adquisitivo les permite combatir los cortes de luz con plantas eléctricas, pagar un camión de agua para enfrentar la falta de este recurso o un servicio de internet más estable que el que ofrece el Estado.

Pero pese a tener el poder adquisitivo para combatir los estragos de la crisis, sus condiciones de calidad de vida también se ven afectadas, ya que hay situaciones inevitables siquiera con dinero.

El otro gran sector difícilmente puede acceder a alguno de estos “privilegios”. Según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), que realizan universidades del país, el 80 Por ciento de la población está en pobreza extrema.

El estudio toma en cuenta el ingreso mínimo de la población, la malnutrición, los servicios, la educación, el empleo o las condiciones de vivienda, entre otros.

Estas personas no llegan a obtener una canasta básica de alimentos y mucho menos a consumir proteínas, tales como carne roja o pollo, y deben enfrentarse a días sin agua, luz, gas o internet.