La diputada bonaerense Carolina Piparo reconoció ayer haberle ofrecido un teléfono celular y un par de zapatillas a uno de los jóvenes atropellados por su marido el 1 de enero pasado y dijo que lo hizo al enterarse de que tenía problemas personales, mientras la Justicia analiza si hace lugar a un pedido de un abogado para que se revoque el arresto domiciliario de su pareja y para que se la investigue por la posible comisión de un delito, confirmaron distintas fuentes.

En diálogo con Radio Rivadavia, la también funcionaria de la comuna platense contó ayer que “hace meses me enteré de que una de las personas involucradas en el accidente tenía problemas personales y me puse a disposición”, además de confirmar que se reunió con el chico. “El encuentro se hizo en la casa de su abogado y yo fui con mi hermano. Me manifestó que se había roto su celular y unas zapatillas costosas. Le ofrecí hacerle llegar el celular y las zapatillas, que le salieron más caras de lo que dicen”.

Fue en ese marco que sostuvo que “lo hice de corazón” y que “no tengo nada que ocultar. Leí una cantidad de barbaridades que no me dejan de sorprender y entristecer”.

La legisladora dio su versión luego de que el abogado de uno de los dos jóvenes atropellados el pasado 1 de enero pidió la revocatoria de la prisión domicilia de su marido, Juan Ignacio Buzali, y el inicio de una investigación a Piparo.

El planteo lo hizo Martín de Vargas, quien representa al mayor de los jóvenes embestidos, Luis Leva-lle, tras enterarse de que el otro muchacho atropellado -menor de edad- había revocado el patrocinio de sus abogados y denunciado ante la justicia que perdió la “confianza” en ellos porque lo llevaron a un “encuentro clandestino” con Piparo en una casaquinta. El joven expuso en un escrito, que en esa reunión -que según dijo tuvo lugar una semana antes de que la justicia resolviera el arresto domiciliario de Buzali-, la legisladora le entregó 2.000 pesos, un celular y unas zapatillas.

Junto al documento en el que designa como nuevo representante a otro abogado, el muchacho manifestó al referirse a los anteriores: “Quiero que usted sepa que seré joven, inexperto, sin dinero (pobre) pero no soy un delincuente para tener que andar encontrándome a escondidas con la esposa de quien fuera el victimario de los hechos”.

“Con esta actitud, veo a los abogados que me representaban más preocupados en defender la imagen de la Diputada Piparo que mis derechos”, agregó en otro tramo del escrito, en el que les reprochó que no pidieran que la legisladora se retractara cuando en el inicio del caso lo acusó de “ladrón”.

Al tomar conocimiento de esto, el abogado De Vargas, solicitó ante el Juzgado de Garantías 5 de La Plata, a cargo de Marcela Garmendia, que se revoque el arresto domiciliario de Buzali por considerar que existen “peligros procesales” dado que tiene “poder político y económico para entorpecer la investigación”.

En el pedido, el letrado resaltó que “en reiteradas oportunidades advirtió de la existencia de peligros procesales, dadas las características personales del imputado por ser el marido de Píparo, siendo su mujer una persona con poder económico y político”.

Luego, planteó que, “si Buzali por intermedio de Píparo se atreve a convocar a una reunión clandestina a la propia víctima regalándole bienes y dinero, esta defensa no puede ni siquiera imaginar los testigos que puede influenciar para que cambien su testimonio mediante el pago de dinero o la entrega de bienes”.

Al respecto, en su red social, la legisladora provincial de Juntos por el Cambio alificó de “barbaridades” las acusaciones vertidas contra ella.

Sobre el encuentro, explicó que “nadie se veía incómodo en el lugar, fui con mi hermano, mi gran pilar, estaba obviamente su abogado y también su mamá. Conversamos sobre varias cosas y sobre lo sucedido, la reunión fue muy cordial. El joven manifestó que en el accidente se le había roto el celular y las zapatillas, ofrecí hacérselo llegar, se mostró contento y cuando lo recibió, me manifestó estar feliz y agradecido”, dijo. Además aseguró: “Nada tenía que ver con todo el proceso penal en marcha, sino con poder escucharnos sobre cómo cada uno vivió la situación”.

El hecho por el que está imputado Buzali ocurrió la madrugada del 1 de enero de 2021, después de que Píparo fue asaltada por tres parejas de “motochorros” en 47, entre 15 y 16. Según la legisladora, cuando iban a hacer la denuncia volvieron a ser interceptados por motociclistas y creyeron que eran los mismos.

En 21 y 40, Buzali chocó por detrás a una de las motos en la que viajaban dos jóvenes, y detuvieron su marcha frente a varios móviles que participaban de un control de tránsito.