El caso Chano y el debate por el tratamiento de la adicción

El caso del músico Chano Charpentier, que permanece internado en terapia intensiva luego de ser baleado por un policía cuando atravesaba una crisis vinculada al consumo de drogas en un episodio que actualmente se investiga, puso en debate el tratamiento de las adicciones y las formas de intervención en las crisis derivadas de ellas.

En ese contexto, especialistas pusieron en foco los alcances de la actual ley de Salud Mental, planteando “que no brinda las herramientas necesarias de actuación” frente a casos como el que actualmente conmueve a la opinión pública. Al mismo tiempo pusieron en debate el accionar policial y destacaron que el que debe intervenir en este tipo de situación en primer lugar es el personal de salud, especialmente preparado para eso. Al mismo tiempo cuestionaron otros aspectos, como la falta de seguimiento de personas con adicciones y la ausencia de campañas preventivas.

Uno de los que se sumaron al debate fue el Defensor del Pueblo Adjunto bonaerense, Walter Martello, quien consideró que el marco normativo en cuanto a Salud Mental “no brinda respuestas adecuadas” en casos como el protagonizado por Santiago “Chano” Moreno Charpentier, cuyas familias “vienen reclamando poder internar a sus hijos que sufren problemas de adicciones”.

“El marco normativo no brinda respuestas adecuadas en casos como el de Chano”

“Lamentablemente no fue un episodio aislado. Hay numerosas familias que vienen reclamando poder internar a sus hijos que sufren problemas de adicciones. Una de ellas es la madre de Chano. Tenemos un marco normativo que no nos brinda respuestas adecuadas”, dijo Martello, responsable del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría.

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El Defensor del Pueblo Adjunto opinó en un comunicado que el caso de “Chano” refleja una situación “que se repite diariamente”: “Madres, padres, hermanos, familiares, amigos, que reclaman que alguien ayude a sus seres queridos que sufren en carne propia las adicciones y ya no pueden valerse por sí mismos, siendo peligrosos para sí y para terceros”, comentó.

Para Martello es necesario revisar lo estipulado en cuanto a las internaciones involuntarias en la actual Ley de Salud Mental que “siempre deben concebirse como un recurso terapéutico excepcional”, aunque “a la hora de instrumentar los requisitos que establece la norma, en los casos severos como el de Chano, nos encontramos con serios problemas”.

“La ley es impecable desde el punto de vista ideológico pero es de difícil aplicación porque Argentina no tiene un sustento vinculado al seguimiento de los pacientes que pueda ser de carácter universal. Un joven que no tiene obra social, no queda otra situación que intentar un periodo de internación que puede estar fijado por médicos en un tiempo prudencial” dijo y agregó: “Necesitamos una ley o una reglamentación que le de más herramientas a los profesionales de la salud y a las familias”.

La Ley 26.657 de Salud Mental se sancionó en 2010. Para Martello “fue un inmenso avance respecto a su antecesora la Ley 22.914 que regulaba las internaciones de personas con enfermedades mentales, alcohólicos crónicos o toxicómanos. Igualmente la norma vigente genera dificultades que deben ser subsanadas”, agregó, tras lo cual se preguntó: “¿Qué grado de autodeterminación y voluntad propia posee una persona para decidir sobre si inicia, continua o no su internación, si precisamente está comprometida su voluntad y su psiquis por los efectos de las drogas? La perspectiva de derechos no debería anteponerse a la perspectiva de salud, especialmente en situaciones de riesgo efectivo. Sin embargo, sucede”, concluyó.

“Frente a crisis de este tipo, lo primero es recurrir al servicio de salud, no a la policía. Si detectan que el comportamiento de la persona excede sus posibilidades, recién entonces se da intervención a la policía”.

Pedro Gargoloff
Psiquiatra

Por su parte, Marcela Waisman, psiquiatra y neuróloga cognitiva formada en trastornos del ánimo y adicciones, expresó que “la ley de salud mental tiene conceptos ambivalentes y conflictivos que en la práctica no colaboran. Hay muchas cosas por hacer: Si estás infartado en la calle nadie te pregunta si te internan o no te internan, el nivel de gravedad hace que tengamos que actuar. Todavía no se comprende que la severidad hace que el paciente en este estado no pueda tomar la decisión”, aseveró.

Otro de los aspectos que el episodio puso en el tapete fue el modo de intervención en la crisis.

En ese sentido, desde 2013 está vigente en el país un protocolo elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación que fija pautas para todas las fuerzas de seguridad, en línea con la Ley de Salud Mental.

Entre sus principales puntos, se indica que los agentes deben llamar a un equipo de salud y evitar la violencia, respetando los derechos y garantías de esas personas.

Sobre las estrategias específicas de intervención, los agentes deben realizar -en primera instancia- una “breve valoración del riesgo”, considerando al entorno de la persona para obtener información valiosa para los servicios de salud o sociales.

Sobre cuáles son los pasos a seguir frente a un episodio de este tipo, el psiquiatra platense Pedro Gargoloff dijo que lo primero es recurrir al servicio de salud, no a la policía, porque cuando interviene un servicio de seguridad lamentablemente no tiene la capacitación para intervenir y lo hace con medios letales.

“Si el servicio de salud mental al cual se recurre detecta que la persona presenta un comportamiento que excede la posibilidad de intervención ahí si dará intervención a la policía, a la Justicia”, concluyó Gargoloff.

Por su parte, el psiquiatra Ricardo Marcelo Corral, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras, destacó otras limitaciones en los tratamientos de las adicciones: “existen límites económicos y la inversión en tratamiento de adicciones es bajísima. También hay fármacos para adicciones que hoy no están en el plan médico obligatorio y que deberían estar porque están aprobados, por ejemplo, la Naltrexona”.

Además, consideró que “hay silencio en cuanto a la prevención, no hay ninguna campaña activa de prevención en adicciones”, advirtió.