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Es un misterio la cantidad de sanciones aplicadas por este motivo. Recientemente incidentes afectaron al agua y a la telefonía
la perforación en 7 y 47 que desató una extendida falla telefónica / s.c.
Cientos de vecinos de Gonnet pasaron varias horas sin agua a raíz de una avería que obreros que trabajaban en la zona provocaron en una cañería de la empresa Aguas Bonaerenses (ABSA). La falla recordó a otra que semanas antes había dejado sin servicio de telefonía fija a unos 4 mil usuarios de Movistar, afectando, entre otras, las líneas del Servicio de Atención Médica (SAME), vital en un contexto de pandemia: también entonces, el severo incidente fue provocado en instalaciones subterráneas de la multinacional española.
Y en ambos ocasiones, quienes privaron a miles de platenses de servicios tan básicos como el agua y el teléfono trabajaban en obras no autorizadas por la Comuna, según se admitió oficialmente.
De acuerdo a la normativa municipal, esta infracción puede ser penada con multas de hasta 3,5 millones de pesos y arresto de hasta 30 días. Pero se desconoce cuántas y qué tipo de sanciones se han aplicado en estos y otros casos durante el último tiempo. Porque pese a las varias consultas de EL DIA, desde el Municipio omitieron brindar esa información y se limitaron a decir que es el Juzgado de Faltas el que tiene competencia en estos hechos.
Sin mayores precisiones, en el Ejecutivo local aseguraron apenas que se “sancionó” a una constructora cuando a mitad del mes pasado dejó sin servicio de telefonía fija a unos 4 mil clientes de Movistar a raíz del severo daño provocado en la red troncal de 7 y 47 “mientras avanzaba en una obra de fibra óptica encargada por la Provincia, sin el permiso correspondiente”. Pero nada se informó sobre los montos de la supuesta multa aplicada.
En otro hecho similar, hace pocas semanas los agentes municipales debieron ir tras la pista de quienes provocaron una avería en instalaciones de ABSA, dejando sin agua a numerosos vecinos de la zona de 518 y 132 y producto de trabajos que tampoco estaban aprobados por el Municipio. Hasta ayer, la Comuna no había dado con los responsables de este incidente y, por lo tanto, no se labró ninguna sanción.
Son apenas botones en una muestra: se disparan las fallas en servicios básicos por roturas que provocan obras no autorizadas y es un misterio la cantidad de sanciones que en lo que va del año aplicó el Municipio por este motivo. Pues no hay información oficial que responda a la pregunta: “Se hacen sanciones y las infracciones se acumulan en el Juzgado de Faltas”, fue lo único que alegaron en el Ejecutivo, donde dijeron contar con una nómina de compañías multadas que, sin embargo, no fue facilitada a este diario.
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Lo cierto es que el Municipio cuenta con una serie de instrumentos para evitar (o sancionar) fallas como las mencionadas. Entre ellos, un “mapa inteligente” de las redes subterráneas que llevan los servicios de ABSA, Edelap, Camuzzi, Telecentro, Cablevisión y Telefónica y que sirve como guía para autorizar obras futuras. Son estas empresas (o sus contratistas tercerizadas) las que -argumentaron en la Municipalidad- en general operan bajo tierra y las que declaran a la Ciudad la información con la que se va configurando el plano de conexiones, que se completa a su vez con el cableado de semáforos y la red de fibra óptica de las cámaras de seguridad (pertenecientes al Municipio). Esa cartografía, afirmaron en la Comuna, se actualiza trimestralmente.
¿Cómo es posible entonces que disponiendo de un plano semejante se generen, con cada vez mayor frecuencia, roturas que terminan afectando suministros de uso imprescindible? En el Municipio asumieron que, pese al mentado mapa, se verifican al menos dos inconsistencias: una legal y otra ilegal.
Por ejemplo, una posibilidad es que la secretaría de Servicios Públicos local (la encargada de extender el permiso definitivo) haya autorizado a una empresa la realización de tareas en la vía pública, pero que al operar la compañía se “choque” bajo tierra con otra obra “no declarada”, es decir no prevista en los planos que la Comuna consulta antes de aprobar cada trabajo.
“El municipio valida de acuerdo a lo que tiene declarado, verificando que la obra planeada no afecte a otro servicio”, explicaron en el Ejecutivo y reconocieron que pueden aparecer inconsistencias tales como que las empresas que prestan servicios públicos hayan informado sus conexiones “de acuerdo a lo que sus contratistas tercerizados ejecutaron, sin advertir que quizá la obra en el terreno está mal hecha y dista de lo que aparece en los planos”. Un “error” que, como una bola de nieve, puede derivar en el corte de suministros y que es el costo a pagar por los usuarios para que la Municipalidad detecte la falla: “Nosotros intervenimos cuando una prestataria ejecuta una obra y se topa con que los planos que ellos tenían -que son los mismos con que cuenta el Municipio- no condicen con la realidad. Recién ahí se sanciona la obra mal hecha y la incorrecta declaración de los planos”, explicaron en la Municipalidad, sin ofrecer detalles de esas sanciones.
Otra falta -“más grave”, reconocieron en la Comuna-, sucede cuando las empresas avanzan con sus trabajos de extensión y mantenimiento de redes directamente sin haber declarado esas tareas al municipio. Es lo que ocurrió con las obras que recientemente terminaron interrumpiendo los servicios de agua y telefonía a miles de platenses.
En ambos casos, fue cuando las quejas de los usuarios empezaron a llover que la Comuna detectó las irregularidades. Pues, como se indicó, la Ciudad solo controla cuando se denuncian las fallas, “pero no fiscaliza” y ahondaron que, aún cuando se trata de servicios públicos que pueden acarrear penurias para miles, el procedimiento a seguir es el mismo que el que se verifica en las obras privadas: “Los profesionales a cargo son lo que deben responder en caso de que algo no salga como estaba previsto”.
El Municipio, se dijo, cuenta con herramientas legales suficientes como para multar la realización de obras no autorizadas. Algo que la Comuna -sin aportar detalles- sostiene concretar periódicamente. En todos los casos, según se especificó, se trata de sanciones establecidas en las Ordenanzas N° 4758/80, N° 5127/82, N° 7078/88, el Código de Uso del Espacio Público y el Código Contravencional, donde se disponen multas de entre 175 mil pesos y 3,5 millones de pesos para quienes lleven a cabo obras sin permiso municipal o que no concluyan los trabajos en tiempo y forma.
Asimismo, el Código de Faltas local establece que la apertura de la vía pública sin permiso o en contravención de las normas vigentes será sancionada con multas que van de los 3.500 pesos a los 700 mil pesos, además de ser pasible de arresto de hasta 30 días.
A la vez que contempla la clausura de los trabajos hasta su regularización, la normativa de marras indica también que la Municipalidad deberá acordar con las empresas un nuevo plazo para la finalización de las obras pactadas (o trabajos de reconstrucción y conservación del patrimonio). Un incumplimiento que fija penas de hasta 3,5 millones de pesos y que puede terminar con la concreción de las obras a criterio de la Comuna y “a cargo del infractor”.
Una obra no autorizada dejó sin teléfono a miles de platenses y afectó las líneas del SAME
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