En junio del año en curso se pronosticó en este diario que la Argentina podía superar fácilmente el récord de piquetes establecido en 2021 con 6.658 cortes de calles realizados en distintas partes del país, según estadísticas que se vienen llevando desde hace dos décadas. Ahora, con más de 6.000 en agosto, de mantenerse la progresión, acaba de estimarse que 2022 cerraría en torno a los 11.300 piquetes que se traducen en cortes de calles, rutas o autopistas.

Se está hablando de cifras no sólo inéditas sino, sobre todo, de situaciones que, más allá de las protestas que puedan impulsarse suelen derivar en episodios ríspidos con parte de las miles de personas que ven cortadas las calles, con quemas de neumáticos y con la anarquía subsiguiente y la caótica búsqueda de alternativas para salir de esos atolladeros.

En nuestra zona y en las últimas jornadas se concretaron cortes de calles en el Distribuidor Benoit y en la intersección de la avenida 1 y la 520, es decir en avenidas troncales relacionadas a los accesos a La Plata, creándose para los conductores verdaderos trastornos para improvisar alternativas -obligadamente a contramano en muchos casos- y encontrar salidas que les permitieran llegar a sus trabajos o a otros lugares del casco céntrico y de la periferia.

En el caso del piquete que se instaló en el camino Centenario y que impidió el ingreso a la Ciudad, ubicado sobre la intersección de 515 resultó llamativo que la policía o los inspectores municipales de tránsito no hubieran no sólo desalojado a quienes impiden la libertad de tránsito -fijada, desde luego, en la Constitución nacional- sino, al menos, en calles anteriores, por ejemplo en la 511, para desviar a los automotores hacia la calle 7.

Como no existía ese preaviso, durante largo tiempo los automovilistas se topaban contra el vallado armado con caballetes y quemas de neumáticos y sólo podían retomar la otra mano del Centenario cruzando por encima de la rambla divisoria, algo que se tradujo en una situación ciertamente dificultosa y anárquica.

Se ha dicho en forma reiterada que nada debiera impedir -salvo la falta de sentido común- que los reclamos ante las autoridades puedan realizarse, sin que impidan por completo el libre tránsito de vehículos por las calles. Con sólo ocupar un carril y no la totalidad de la calzada, podrían compatibilizarse perfectamente ambos derechos constitucionales: el de peticionar ante las autoridades y el de garantizar la libre circulación.

LE PUEDE INTERESAR

Polarización e incertidumbre en un Brasil inflamable

LE PUEDE INTERESAR

A Musk le volvió a gustar el pajarito

Lo que ha venido ocurriendo con los piquetes es que las distintas autoridades con incumbencia en este tema han adoptado un criterio de incomprensible permisividad. Casi podría decirse que se ocupan más de garantizar los cortes de calles que de darle curso al derecho de la gente a transitar. El resultado de esta política está a la vista, se está llegando en muchas oportunidades al colapso absoluto del tránsito.

Debe insistirse en que no se pone en duda la alternativa de que distintos sectores sociales puedan ejercer el legítimo derecho de peticionar a las autoridades. Pero esos derechos debieran llegar hasta donde empiezan los de los demás y, por consiguiente, no pueden ejercerse sobre la base de impedirle a la población el ejercicio pleno de sus facultades ciudadanas. Aquí no sólo se perjudica a quienes conducen automotores sino, también, a los vecinos a quienes se les niega también la posibilidad de circular.

Son muchos, además, los riesgos latentes que pueden derivar de negarle a la gente llegar con facilidad a su destino. Por otra parte, las calles fueron concebidas y existen para que la gente circule libremente por ellas, sin tener que pedir permiso o tener que acatar cualquier tipo de mandato que se encuentre prohibido por las leyes vigentes en el país.