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Consideran que a muchas pymes les puede resultar complejo abonarlo. Desde cámaras empresariales remarcan que es unilateral
El BONO DE FIN DE AÑO genera controversia en el mundo empresario/web
El gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto 841, por el que dispuso el pago de un bono de fin de año de $24.000 para los empleados en relación de dependencia del sector privado que ganan hasta 185.859 pesos. La norma contempla la reducción de anticipo de Ganancias por hasta el 50% del monto abonado, pero deja afuera a quienes no pueden ingresar anticipo alguno, al igual que a monotributistas con empleados, con lo cual para amplios sectores será muy complejo asumir el pago.
La medida, promocionada como “el bono de fin de año para empleados”, es una imposición unilateral del gobierno al sector privado.
“Los empleados sufren, sin duda, los efectos de la inflación. A muchos de ellos, el dinero no les alcanza. El bono creado por el Decreto para quienes ganan hasta $185.859, seguramente les será de gran ayuda, sin embargo el Gobierno Nacional no contempla que hay empresas a las que les puede resultar muy complejo poder asumir el pago del mismo”, dijo el tributarista Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios.
Al igual que diferentes Federaciones y Cámaras empresarias de distintos sectores y regiones, Domínguez recordó que el bono no surge de una negociación entre representantes de los empleados y las empresas “sino que se establece unilateralmente”, según Infobae.
El decreto contempla que se pueden reducir los anticipos de Ganancias “en un importe equivalente al 50 % del monto total abonado por las asignaciones”. Esto -señaló Domínguez- “puede ser un beneficio financiero de diferir el pago del impuesto a las ganancias aplicable sólo a quienes tienen que pagar anticipos de ese impuesto”. En cambio, prosiguió, “quienes están en un escenario más complejo, perdiendo dinero y no tienen que ingresar anticipos, no tienen beneficio alguno”. Lo mismo sucede, agregó, con los monotributistas empleadores que no pagan anticipos de Ganancias y también deberán asumir el costo de la asignación sin tener ningún beneficio.
“Sólo en el caso de empleadores de casas particulares pueden llegar a pedir la devolución de hasta el 50% de la asignación pagada si es que no pagan anticipos del impuesto a las ganancias”, afirmó Domínguez, que no lo consideró razonable. El Estado, señaló, debería hacerse cargo de al menos una parte del costo de las asignaciones.
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