La ley de jubilaciones del Bapro quedó en el freezer

La Legislatura bajó la persiana por 2022. Y la sanción del Presupuesto y la ley Impositiva fueron el último eslabón que tanto Diputados como el Senado abrocharon en el final del año parlamentario.

Sin embargo, uno de los proyectos más discutidos y que más polémica generó tanto entre oficialismo y oposición como en la interna de Juntos por el Cambio, fue la reforma a la ley jubilatoria del Banco Provincia. Esa iniciativa finalmente no se votó y el futuro no le asoma halagüeño: el año electoral que se avecina y sus consecuentes tensiones políticas, parece poco propicio para acordar un proyecto que produce una fuerte controversia.

El debate acumula una rica historia que mezcla desencuentros y demandas en la Justicia. Durante el gobierno de María Eugenia Vidal se aprobó una reforma al régimen previsional del Bapro con el argumento de reducir el fuerte déficit de esa Caja Jubilatoria.

Básicamente, se elevó la edad jubilatoria de los bancarios a 65 años para hombres y mujeres, se bajó el beneficio del 82 por ciento móvil al 70 por ciento y se modificó el cálculo para adecuarlo a la normativa del Anses.

Los cambios generaron una avalancha de reclamos judiciales de jubilados que plantearon que se vulneraron derechos adquiridos. Y la Asociación Bancaria ingresó un planteo de inconstitucionalidad que se dirime en la Suprema Corte.

El gobierno de Axel Kicillof presentó un proyecto para cambiar la reforma de Vidal que se fue corrigiendo en medio de algunas negociaciones con la fuerte intervención del gremio bancario. Por caso, retornaba al 82 por ciento móvil, se bajaba la edad jubilatoria para las mujeres a 60 años y se regresaba a la Provincia como garante del déficit de la Caja, cuando el proyecto de Vidal hacía cargo al propio Banco Provincia.

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Todo parecía encaminado a que el proyecto se aprobara hasta que apareció en escena Mauricio Macri. Algunas versiones aseguran que fue por la advertencia que le habría llegado del despacho de un legislador bonaerense. Los equipos técnicos del ex ministro de Economía Hernán Lacunza hicieron un análisis muy crítico de la reforma y con esos datos en mano, el ex presidente detonó el acuerdo que por el lado del PRO venía anudando el intendente de Lanús, Néstor Grindetti.

“Otra vez quieren aumentar el gasto público y consagrar privilegios de jubilados que ganan en promedio 200 mil pesos por mes. Y ese privilegio lo termina asumiendo la Provincia”, era la justificación que se escuchó en el ala dura del PRO para justificar el rechazo que terminó arrastrando a todo Juntos. “Privilegios y más gasto público”, sintetizaban.

La cuestión es que con la negociación trabada, apareció la Suprema Corte. Primero con una gestión informal y luego a través de la convocatoria a dos audiencias de la que participaron legisladores, funcionarios del Ejecutivo, jubilados y la Asociación Bancaria.

Según trascendió en ese momento, el alto tribunal pedía una solución política al tema antes de emitir un fallo sobre la constitucionalidad de la norma. Pero esa solución nunca llegó porque el PRO se mantuvo firme en rechazar cambios a la ley Vidal.

En medio del debate del Presupuesto hubo un intento del Frente de Todos por meter de nuevo el tema en la discusión, pero Juntos por el Cambio mantuvo la posición.

Fuentes del radicalismo dicen que hubo una negativa fuerte del PRO a rechazar cualquier modificación. Y que la UCR estaba dispuesta a cambiar al menos la fórmula de cálculo de la jubilación y que vuelva a regirse según la paritaria del gremio del sector y no bajo los parámetros de la Anses. Esa modificación fue la que generó una avalancha de juicios con el argumento de que se vulneraron derechos adquiridos. Incluso, unos 4 mil beneficiarios obtuvieron medidas cautelares que obligan a la Caja a liquidar con la fórmula anterior a la reforma de Vidal.

Ahora se especula con que la Corte podría demorar un fallo que, se decía, podría aparecer a mediados de este mes. Así, habría más aire para volver a negociar una vez que empiece en marzo el nuevo período ordinario.

Frente al impasse, la Asociación Bancaria salió con los tapones de punta. “Una vez más hacen oídos sordos al trabajo realizado por todas las partes interesadas que permitió alcanzar por consenso un proyecto de ley para restituir los derechos de trabajadores activos y jubilados”, señaló.

“La oposición desconoce el mandato de la Suprema Corte de Justicia de encontrar una solución legislativa al conflicto”, disparó.