Suman a la Provincia al debate por los subsidios

El secretario de Transporte, Diego Giuliano, afirmó que la próxima semana habrá dos reuniones para continuar las negociaciones por el traspaso de 32 líneas de colectivos que están bajo la órbita de Nación a la del Gobierno porteño y precisó que también participarán representantes de la provincia de Buenos Aires.

Ayer Jorge Macri, ministro de Gobierno porteño, consideró que se precisa un acuerdo para que las negociaciones lleguen a buen puerto. “No nos pueden tirar las líneas por la cabeza”, reclamó.

“La próxima semana tendremos dos reuniones de los equipos técnicos, jurídicos, creativos, económicos e institucionales para avanzar en el traspaso, integrando a la provincia de Buenos Aires en este diálogo”, indicó Giuliano.

Así, la Nación terminó aceptando un planteo de la administración de Horacio Rodríguez Larreta. “No hay manera de administrar el sistema de transporte en el AMBA sin las tres partes”, sostuvo el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Por su parte, el secretario nacional remarcó que “la provincia de Buenos Aires se hizo cargo de su propio transporte en un 91 por ciento”, y puntualizó que se suma al diálogo entre la Nación y la Ciudad “para que, de esa manera, también pueda participar en lo que es la región metropolitana”.

Boleto más caro

El Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires iniciaron el diálogo por la quita de subsidios, lo que incluye el traspaso de las líneas de colectivo. El gobierno porteño afirma que esa decisión implicará en forma automática una suba del valor del boleto.

“Esperemos que el sentido de concertación que estuvo presente en la primera reunión pueda prevalecer”, subrayó Giuliano, quien ante la consulta sobre cuál sería la actitud de la Nación ante un eventual rechazo del traspaso respondió: “Lo iremos analizando paso a paso, pero nosotros aspiramos a que la voluntad, el consenso y la concertación prevalezcan”.

A su criterio, “la ciudad de Buenos Aires debe asumir la responsabilidad sobre las 32 líneas de transporte que tienen origen y destino en el territorio porteño exclusivamente, de tal manera que asuma el compromiso que tiene con sus pasajeros y pasajeras con el transporte público urbano”.

“Vimos positivo el resultado de la primera reunión porque la Ciudad pudo sentarse con nosotros para analizar los aspectos técnicos, jurídicos, operativos de un traspaso que está ordenado por una ley nacional que tiene 10 años y que tuvo una ejecución que corresponde a los subtes y no se llevó adelante en el transporte automotor de pasajeros, con lo cual se ha creado una asimetría muy grande que ha sido planteado por gobernadores e intendentes”, sostuvo Giuliano.

Así, subrayó que, “si la Ciudad asume su competencia y también genera o fija recursos para el transporte, es decir subsidia, vamos a tener una política de aplanar una curva de costos”.

“La situación en la que estamos fue provocada por dos cosas: primero por la práctica eliminación del subsidio al transporte del interior del país, cosa que se hizo en el llamado consenso de 2018 en la administración anterior y la segunda es que quedaron enganchadas las 32 líneas en el subsidio nacional, cuando en realidad pertenecen a la competencia de la Ciudad de Buenos Aires”, indicó el funcionario.

Al término de la reunión con los funcionarios porteños, Giuliano había señalado que “lo que estamos haciendo es poner a la ciudad de Buenos Aires en el mismo lugar que las demás provincias de la Argentina”.

El secretario de Transporte consideró al encuentro como “el inicio de un camino para el traspaso de las líneas de colectivos que tienen su inicio y su destino en el territorio exclusivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“Esto significa que la propia ciudad asuma el compromiso con los usuarios del servicio de pasajeros que son de su propio territorio y podamos mejorar lo que es una asimetría muy alta”, señaló en referencia a la disparidad tarifaria, al punto que en algunas provincias el valor del pasaje de colectivo triplica al del Área Metropolitana.

Casi $15 mil

Los subsidios que el Estado nacional destina al mantenimiento de la tarifa de esas 32 líneas representa una erogación anual de unos 14.600 millones de pesos.

En el Gobierno porteño sostienen que esa decisión forma parte de una arremetida política contra Rodríguez Larreta.