Exfuncionario de la AFIP denunció “sobreprecios” en la obra pública

“Sobreprecios”, “lavado de dinero”, “facturas truchas” y “trato diferencial”. Esas fueron las palabras que más sonaron ayer en el marco del juicio oral que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner por el presunto direccionamiento de recursos para beneficiar a empresas de Lázaro Báez con la obra pública en Santa Cruz. Las denuncias, esta vez, partieron de Jaime Mecikovsky, exsubdirector de Operaciones Impositivas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante la gestión de Alberto Abad que ayer declaró como testigo.

En Comodoro Py, Mecikovsky contó que como funcionario de la AFIP fue convocado por la Justicia para analizar el uso de facturas falsas en las obras públicas de Báez y si en ellas pudieron haberse cometido delitos. El testigo respondió que sí y que para eso se usó otra empresa de Báez, Gotti S.A.

Dijo que lo que la Justicia buscaba determinar era “el impacto que pudo haber tenido la facturación apócrifa de 500 millones pesos en relación a otros delitos” por la tercerización de fondos de la obra pública desde Austral construcciones a la empresa Gotti S.A. “Ese dinero venía del presupuesto de la obra pública para pagar a los proveedores de Gotti, es una maniobra de lavado que se complementa por haber puesto un sujeto intermedio que imposibilitó el rastreo intermedio de los activos”, declaró Mecikovsky y reconoció que “los ingresos de Gotti que venían de la obra pública y se iban a otros destinos, llevan a pensar que hubo sobreprecios” para favorecer a las compañías controladas por Báez.

El contador advirtió también que hubo “maniobras de encubrimiento” para evitar las fiscalizaciones de las empresas de Báez “en Bahía Blanca, Microcentro y en el trato de estas empresas en la regional Río Gallegos. Si cualquier dirección quería fiscalizar a esas empresas tenía que pasar por Río Gallegos y el estado de avance de esas fiscalizaciones era nulo”, aseguró en un tramo de su declaración de nueve horas ante los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.

Mecicovsky es un testigo de relevancia para el juicio porque durante su paso por la AFIP se inspeccionaron las firmas de Báez y después la gestión de Alberto Fernández, a través de la AFIP, lo denunció por “hostigamiento fiscal” a Cristina Kirchner y sus hijos. Para el contador, esa denuncia se basó en una auditoria adulterada.

En el juicio por la obra pública se investigan las irregularidades en los 52 contratos que las empresas de Báez recibieron para la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, entre ellas los fondos con supuestos sobreprecios para proyectos viales que no se terminaron y se pagaron en su totalidad.

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Además de Cristina Kirchner y Báez están imputados el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, entre otros ex funcionarios nacionales y provinciales.

Por el caso ya declararon como testigo el presidente, Alberto Fernández y como acusada, Cristina Kirchner. Tras el testimonio de Mecicovsky, serán citados como testigos el ex funcionario de Vialidad Nacional en Santa Cruz, Martín Cergneux; el extitular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, y peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que estuvieron a cargo del peritaje que concluyó que en al menos cinco obras de Báez hubo irregularidades.