Los organismos públicos también están obligados a mantener sus veredas

Desde hace varios años se vienen publicando en esta columna distintas consideraciones acerca del mal estado de las veredas de los edificios públicos de La Plata –ya pertenezcan a las órbitas nacional, provincial o municipal- en lo que constituye un flagrante incumplimiento de la obligación de mantener esos espacios de uso común en prefectas condiciones.

Ahora un informe publicado en EL DIA sobre el ruinoso aspecto que ofrecen las veredas perimetrales del Ministerio de Seguridad, integradas por las calles 2 y 3, entre las avenidas 51 y 53, volvieron a dejar en claro que no hay en ellas un tramo que se salve y que permita caminar con firmeza por ellas.

El problema se agrava con el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. El reclamo de los vecinos también incluye el estacionamiento de numerosas motos en las veredas, que obstaculizan aún más el paso peatonal ya dificultado por baldosas faltantes o por las visibles ondulaciones del embaldosado.

Cabe señalar que los vecinos también aseguraron que el edificio histórico, correspondiente a la tradicional Jefatura de Policía, presenta un “estado lamentable”.

A su vez, los contenedores de basura que están sobre calle 3 siempre se ven desbordados, y el olor nauseabundo es cada vez peor.

La responsabilidad de los funcionarios públicos es la misma que le concierne, según las ordenanzas vigentes desde hace muchas décadas, a todos los frentistas. Son estos quienes deben asumir los costos de las reparaciones de cada una de sus veredas. Pero se trata de un círculo vicioso: sin sanciones por no mantener la acera en condiciones, muchos vecinos no se hacen cargo de esa reparación. Mucho menos si los que no cumplen son quienes ejercen cargos públicos.

Se intentó en alguna oportunidad promover determinados incentivos para quienes concretaran esos trabajos, relacionados, por ejemplo, a una reducción de las tasas comunales o a otorgarles beneficios de descuento en algunos comercios al momento de adquirir las baldosas. Sea como sea, nunca se logró pasar del plano de las buenas intenciones. En el caso de los edificios gubernamentales, son los responsables de las áreas administrativas los primeros responsables en impulsar las reparaciones necesarias.

Otro tema que las autoridades debieran analizar se relaciona con el efecto multiplicador de las llamadas obras pequeñas que, sumadas unas con otras, promoverían por cierto una reactivación de gran importancia en materia de venta de materiales y captación de mano de obra.

Sea como sea, la Ciudad no puede mantener por mucho tiempo más el pésimo estado que presentan muchas de sus veredas. Y mucho menos puede tolerarse que sean reparticiones estatales las que no cumplen con la ley.