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Asociaciones civiles, abogados y defensores del Pueblo expusieron sus argumentos a favor y en contra de la demanda que entabló la ex mediática del caso Cóppola contra el gigante de internet
archivo
Aunque no se planteó en esos términos, la batalla parecería enfrentar a los que apoyan el “derecho al olvido” y los que, en la vereda de enfrente, defienden la “libertad de expresión”. Al menos ese fue el escenario que se presentó ayer ante los jueces de la Corte Suprema de Justicia al dar lugar a hablar a doce “amigos del tribunal” que alegaron a favor y en contra de la demanda que entabló contra Google Natalia Denegri, una joven que se hizo conocida en los ‘90 con el caso Cóppola y que hoy, muchos años después, no quiere que todo aquel escándalo afecte su nueva vida.
Concretamente, los defensores del Pueblo bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) respaldaron el pedido de Denegri, mientras organizaciones como el CELS destacaron el valor de la libertad de expresión y que las restricciones “deben ser excepcionales”.
El debate se escuchó en la primera audiencia pública que la Corte Suprema de Justicia celebró ayer como paso previo a resolver en la causa en la que Denegri demandó al buscador para que desindexe los contenidos que la relacionan con el caso que hace 25 años involucró al exrepresentante de Diego Maradona, Guillermo Cóppola. El expediente sobre el llamado “Derecho al olvido” llegó al máximo tribunal luego de que el gigante tecnológico apelara los fallos de las instancias anteriores que aceptaron parcialmente la pretensión de Denegri, quien estuvo presa por el denominado “Caso Coppola”.
La compañía consideró que el fallo de la Sala H de la Cámara Nacional en lo Civil limita el derecho a la información y la libertad de expresión, al restringir el acceso a contenido periodístico sobre una persona que fue y es pública por su propia voluntad y se relaciona con un caso judicial de interés público.
Para la empresa, el material forma parte del acervo cultural más allá de la valoración subjetiva que se haga sobre su calidad y resaltó que las decisiones judiciales podrán afectar las posibilidades de millones de usuarios para la búsqueda de información lícita a través de internet.
Denegri pidió que sus intervenciones en el programa de televisión del fallecido periodista Mauro Viale no aparezcan entre los resultados de su nombre y el caso que involucró a Cóppola, que se encuentran en una veintena de artículos publicados en diarios y videos subidos a YouTube.
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La demandante, ahora empresaria, pero entonces menor de 21 años, asistía cotidianamente al programa “Mediodía con Mauro”, donde se abordaba esa causa también conocida como “Del jarrón”, en el que se registraban peleas, agresiones físicas, acusaciones e insultos entre los participantes.
En la presentación ante la Corte también quedó expuesto el tema de la “televisión basura”
La primera de las dos jornadas se desarrolló en la sala de audiencias del Palacio de Justicia y estuvo presidida por el titular de la Corte, Horacio Rosatti acompañado por los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. En ella expusieron los “Amicus Curiae” (amigos del tribunal), individuos o empresas expertos en el tema del juicio, que brindaron sus aportes como especialistas, pero sin vincular al tribunal.
La primera en exponer -con un tiempo de ocho minutos al igual que el resto de los “amigos del tribunal”- fue la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, quien reclamó que “se garantice el derecho a la rectificación” y “cuando corresponda, la supresión” del contenido no consentido.
Su par en la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, pidió que se pusieran “límites al totalitarismo digital”, porque mientras “Natalia soporta el descrédito, Google se lleva las ganancias”, y comparó este caso con el de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien también promovió una demanda contra el motor de búsqueda por menciones difamatorias hacia su persona.
Durante algo más de una hora y media que duró la audiencia los expositores abordaron la cuestión relacionada con la “televisión basura” (Denegri participó voluntariamente de muchos programas sobre el Caso Coppola), pero difirieron sobre la solución para el reclamo de la empresaria.
Para que se revoque el fallo a favor de Denegri se pronunciaron Carlos Laplacet, de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentina (Adepa), quien destacó el “derecho a la memoria” y que no se debe limitar el acceso a datos de “interés público” porque el daño sería mayor, y los representantes de la Asociación por los Derechos Civil (ADC), que recalcó que la información “es verdadera”. Para Diego Morán, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la libertad de expresión es “piedra angular” y, por lo tanto, las restricciones “deben ser excepcionales”.
En el mismo sentido se refirió Diana Cohen Agrest, de la asociación civil “Usina del Arte”, quien pidió que se revoque la sentencia que favoreció a Denegri porque “el derecho a la privacidad no debe obstruir el acceso a la información” en casos de interés público.
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