El FMI y el oficialismo agregan incertidumbre al programa

La realidad y los deseos no siempre coinciden, y mucho menos en la política. El viernes pasado, en Washington DC, el board del FMI y su staff técnico votaron a favor de un acuerdo con la Argentina, eludiendo el país, de esta manera, un default de su deuda que hubiera sido catastrófico. Las advertencias y comentarios que hizo el organismo financiero, sin embargo, resultan de una excepcional dureza; no reflejan demasiado optimismo hacia el programa aprobado por ellos mismos, ni del devenir político de la Argentina en los próximos dos años. El directorio del FMI, en definitiva dio luz verde a un acuerdo que no creen que sea cumplido, que deberá ser revisado en los próximos meses y renegociado totalmente en 2024 por el próximo gobierno que surja de las elecciones presidenciales.

¿Por qué entonces fue aprobado en esos términos tan precarios? Días antes, en el Congreso nacional ocurrieron episodios de similar incoherencia. El presidente Alberto Fernández obtuvo el número necesario de sufragios para respaldar ese acuerdo con el FMI, tanto en Diputados y el Senado, pero con los votos que aportaron los legisladores de la oposición y con el rechazo de los propios del cristinismo. Con este resultado y los hechos políticos posteriores, la fractura interna que quedó expuesta en la coalición gobernante no surge como una divergencia eventual, puntual, si no como un eje central de la política oficial del Presidente: está en juego la política económica y electoral de los próximos dos años. ¿Generaron confianza en los negocios y los mercados estos eventos? Probablemente, buena parte de estos sectores desee que las disidencias y riesgos sean superados, aunque los datos duros que reciben no van en esa dirección.

Según el informe del FMI, los riesgos que enfrenta el programa económico argentino son “excepcionalmente altos”. Entre esos riesgos que detalla, hace especial énfasis en la situación política de la Argentina. “Es importante destacar –dice- que persisten los riesgos de implementación de políticas, en medio de un panorama social y político complejo y una hostilidad abierta de algunos sectores hacia el Fondo debido a su largo involucramiento en la Argentina”. Los comentarios siguen en igual dirección cuando señala que “el apoyo político para el programa puede ser frágil y podría debilitarse antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2023, o antes si la confianza no se reconstruye rápidamente o shocks descarrilan la implementación y el logro de objetivos macroeconómicos más amplios”.

Otro capítulo de los riesgos está vinculada a la guerra en Ucrania: “el reciente aumento dramático de las tensiones geopolíticas -dice- ha aumentado la incertidumbre sobre las perspectivas mundiales de crecimiento, inflación, precios de las materias primas y flujos de capital, con posibles implicaciones significativas para la Argentina y para el programa y sus objetivos”. Los directores del FMI, a su vez, “pidieron reformas estructurales que aborden las vulnerabilidades estructurales de larga data de Argentina”. Suenan extrañas estas demandas que hace el FMI: en el mismo acto que piden que la Argentina lleve adelante reformas, aprueba un programa de Facilidades Extendidas que elude cualquier condicionalidad de esa naturaleza. Los directores que impulsaron ese comunicado del FMI son representantes de los países con mayor poder en el organismo: EE UU, Japón, Alemania, Canadá y otros miembros del G-7.

Los motivos de esa extraña decisión del FMI tienen una explicación sencilla y que es conocida en el ámbito de los negocios: el staff técnico y los directores llegaron a la conclusión que el gobierno de Alberto Fernández no está en condiciones de implementar ninguna reforma, y al mismo tiempo acordaron no empujar a la Argentina a un default de su deuda. La decisión política del Departamento del Tesoro fue precisamente en esa línea, aunque advirtiendo al mismo tiempo las enormes dificultades del programa argentino. ¿Cómo es posible, entonces que haya más confianza en las próximas semanas? El mismo informe del FMI advierte que los riesgos de reputación son grandes, en particular, porque el programa podría no generar confianza.

El escenario local

El escenario político local, con versiones inquietantes, agrega más desconfianza. Por ejemplo, sobre los aumentos de tarifas que serían resistidos el cristinismo, una reducción del gasto que no ocurriría o la posible discontinuidad del ministro Martín Guzmán. El funcionario, defendido por Alberto Fernández, tampoco logró tranquilizar los ánimos internos en el oficialismo: la “guerra” contra la inflación fracasó antes de su lanzamiento y sin algún éxito de que aferrarse, el programa económico no tiene quién lo defienda. Tampoco hay certezas de cuál es el programa a implementarse. Reiterando lo que dijo el staff técnico del FMI, Martín Guzmán afirmó en París, en un reportaje, que habría “contingencias que iban a requerir adaptación de las políticas económicas”.

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Localmente, la mayoría de los economistas expresan el mismo escepticismo sobre el destino del programa. El último informe de la Fundación Mediterránea sostiene con respecto a la meta de desequilibrios entre los gastos y los ingresos públicos que “por los efectos fiscales de la guerra (de Ucrania), la Asistencia del BCRA al Tesoro podría resultar de 1,8% del PBI, en lugar del 1,0% previsto en el acuerdo con el FMI”.

El cálculo que realiza esta fundación de investigación se explica por el aumento de los precios internacionales de los combustibles y el gasto adicional que tendrá que hacer el país para importar energía (en particular el gas GNL). En cuanto a los recursos adicionales que ingresarían por el aumento de las retenciones de la harina y aceite de soja (más de U$S 400 millones), el informe dice que será usado para financiar el Fondo Estabilizados del Trigo, y no para recortar el déficit.

En cuanto a la meta de reservas internacionales, aunque el BCRA recibirá casi U$S 10.000 millones del FMI la semana próxima, la mayoría de los informes de los bancos de inversión coinciden en que esa sería la primera meta incumplida. La inflación, a su vez, no es una meta establecida en el programa, aunque se deduce que estimaron una suba de precios del 48% para este año. Transcurrido el primer trimestre del año, esa meta ya fue largamente superada. La encuesta que realiza el BCRA arroja un promedio del 54% para el año, pero otras consultoras esperan 62% de inflación o más. En marzo, el IPC que llegó a 4,7% en febrero, se ubicaría por arriba del 5% o quizás en el orden del 6%. Los alimentos, el mes pasado aumentaron 9,1% en el GBA, en donde se encuentra la mayor concentración de población del país.

El especialista Gabriel Rubistein expresa esas expectativas negativas con el programa con el FMI. “Cada meta –dice-, en cada trimestre, perfila quedar incumplida, y quedar bajo el escrutinio del FMI. Según Rubistein el organismo sería “benigno” a la hora de evaluar los desvíos, por lo cual “las metas seguramente no se cumplirán”, “los objetivos inflacionarios también se verían desbordados”, pero debido a esta decisión del FMI de perdonar los desvíos, a los “problemas serios que ya tenemos” no se agregaría un default por incumplimiento. Este economista agrega otro dato que explica las incoherencias en danza: el programa estima una suba de tarifas en promedio del 65%, pero si fuera ese el porcentaje implementado, los subsidios a la energía no bajarían 0,6% del PIB, al contrario, subirían al menos 0,4% del PIB.