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Emiliano Russo
efrusso@eldia.com
Tras la maniobra urdida por Cristina Kirchner para dividir el bloque oficial del Senado y así asegurarse un consejero propio en la Magistratura por la segunda minoría, en principio, las miradas están puestas en Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema: como un primer paso, en él recae, si confirma o no la nueva composición del Consejo, que pasó a presidir en medio de la furia kirchnerista. Por lo pronto, la oposición le pidió al magistrado que no le tomé juramento al representante elegido por el kirchnerismo y anticipó que judicializará su designación. Promete llegar hasta la propia Corte. Desde el tribunal, aclaran, que no suelen adoptar decisiones apresuradas y que el Consejo “bien puede funcionar con los miembros ya ratificados”.
Durante la víspera Sergio Massa y Cristina oficializaron las designaciones de los dos consejeros parlamentarios que faltaban para cumplimentar los 20 integrantes del cuerpo, que elige y sanciona a los jueces: el senador camporista Martín Doñate -que en los hechos desplazó al cordobés Luis Juez (PRO) que llegó a su banca de la Cámara alta por Córdoba desde la minoría-, y la radical santacruceña Roxana Reyes, elegida originalmente por la coalición opositora y bendecida sorpresivamente por el líder del Frente Renovador.
Es que finalmente no hubo quiebre del bloque oficial en la Cámara baja. Massa tuvo varios incentivos para no emular la maniobra de la expresidenta: mantener un trato cordial con la oposición al no tener garantizado el quórum propio en la Cámara baja y también aceptar ciertas recomendaciones del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que le aconsejó no provocar un conflicto entre poderes y apostar al diálogo institucional.
Pero sorprendió la postura desafiante del titular del bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, al cuestionar la determinación del titular de la Cámara baja y anticipar una probable impugnación a la nominación de Reyes. El reemplazante de Máximo Kirchner se referencia políticamente en el exministro Agustín Rossi y tiene vínculo directo con la Casa Rosada. En el Gobierno justamente ayer salieron a bancar -en realidad no con mucho ímpetu- la movida de Cristina que, al decir de Juan Manzur, “está dentro de los parámetros legales”.
La oposición, más allá de judicializar la designación de Cristina, ante la “gravedad institucional” de lo sucedido, le reclamó a Rosatti que intervenga “en forma urgente” fijando la modalidad y los alcances para la conformación del Consejo de la Magistratura.
Es que sostienen que la “maniobra engañosa” de Cristina, de crear dos bloques oficialistas en el Senado, no tuvo presente que las minorías de los cuerpos parlamentarios se toman al momento en el que fue dictado el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional a la anterior integración, esto es, meses atrás, y que por derecho esa representación corresponde a la oposición. Para la coalición opositora, en tanto, tampoco quedan dudas que la Vice optó por romper el bloque del FdT “porque está preocupada por sus causas judiciales” y así buscaría incidir en la conformación del organismo al asegurarse un nuevo delegado.
El problema radica que en el máximo tribunal no suelen actuar en reflejo con la premura con que se maneja la política. Y, además, la remozada composición de la Magistratura tendrá una corta vigencia ya que a mediados de noviembre se deberían renovar sus consejeros.
Si tanto el bloque del Senado de JxC como el bloque de Diputados del FdT decidieran ir a la Justicia para impugnar a los dos consejeros oficializados ayer, no contarían con antecedentes alentadores. En el 2017 la justicia federal validó la designación del diputado Pablo Tonelli (PRO), que a fines de 2015 había llegado a la Magistratura luego que Cambiemos reuniera en la Cámara baja la adhesión de varios bloques e interbloques que en ese momento actuaban en consonancia con el entonces oficialismo.
Durante la víspera Tonelli negó ante este diario que haya asumido con la misma metodología elegida por Cristina. “No tiene nada que ver ya que en ese momento el Consejo se regía por otra ley que hablaba de mayorías y minorías y no como la actual, que se refiere a bloques legislativos”, indicó. Y no menospreció la movida de la ex mandataria que, de ser confirmada por la Presidencia de la Magistratura, “le se asegura un voto más” en ese cuerpo colegiado.
Lo cierto es que, en los hechos, el oficialismo terminó convalidando la decisión de Rosatti de asumir la presidencia de la Magistratura e iniciar una nueva etapa del organismo con los 20 integrantes que prevé su ley fundante, de 1997, que le asigna 9 representantes a la política, 2 a los académicos, 4 a los abogados y otros 4 a los jueces.
Si el jurista santafesino confirmara las nuevas designaciones, lo acompañarían por la representación política Gerónimo Ustarroz, como delegado del Ejecutivo, el mencionado Doñate, y los también camporistas Vanesa Siley (diputada), Mariano Recalde (senador) y la senadora cristinista María Inés Pilatti Vergara.
Por este sector, también continuaría la diputada del peronismo federal Graciela Camaño, que en ocasiones supo acompañar al oficialismo, la senadora Silvia Giacoppo y los mencionados Tonelli y Reyes , todos por Juntos por el Cambio.
Habrá, además, tres magistrados que no serían cercanos al Frente de Todos, como Agustina Díaz Cordero, Ricardo Recondo, Juan Manuel Culotta, y también Alberto Lugones, en este caso, más cercano a los planteos de los legisladores del Frente de Todos.
En representación de los abogados, estarán Carlos Matterson, Jimena Latorre y Diego Marías, que suelen manifestarse en sintonía con la oposición, y la letrada María Fernanda Vázquez, más cercana al oficialismo. Los académicos Diego Molea y Pamela Sosa, en tanto, suelen acompañar la agenda promovida por el gobierno.
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