QUITO

Miles de indígenas intentaron entrar ayer al Congreso de Ecuador, en el undécimo día de protestas contra el gobierno, pero la policía los dispersó con bombas de gas lacrimógeno.

Horas antes, el presidente derechista Guillermo Lasso les había permitido ingresar a la emblemática Casa de la Cultura, un lugar simbólico para los pueblos originarios que desde el 13 de junio estuvo requisada por policías.

Pero una nutrida facción de los manifestantes avanzó luego hacia la Asamblea Nacional, ubicada a pocos metros y custodiada por un cordón de militares y policías que los indígenas intentaron quebrar. Un grupo de mujeres encabezaba la protesta.

Ante la presión, los uniformados reaccionaron con bombas de gas lacrimógeno y granadas aturdidoras, mientras los manifestantes lanzaban piedras. La multitud se replegó hacia un parque vecino a la Casa de la Cultura.

El líder de las manifestaciones, Leonidas Iza, se vio sorprendido mientras daba una entrevista que fue interrumpida por las fuertes detonaciones. “Eso es una mala señal realmente. Habíamos pedido a nuestras bases que simplemente podamos hacer una marcha pacífica”, declaró Iza, presidente de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).

Unos 14.000 manifestantes se movilizan en varios puntos del país para exigir alivios frente al elevado costo de vida, encarecido por el alza de combustibles.

Solo en Quito, unos 10.000 indígenas presionan al presidente Lasso, aislado por Covid.

En una economía dolarizada, donde los combustibles son subsidiados, el incremento de la nafta y el diésel encareció los fletes. Los indígenas alegan que están cosechando a pérdida.

El gobierno liberó la Casa de la Cultura como un gesto de buena voluntad para iniciar conversaciones con los líderes de las protestas. “Es un triunfo de la lucha”, había celebrado Iza mientras temprano avanzaba hacia el ágora del centro cultural.

Las protestas, inicialmente pacíficas, se tornaron violentas desde el lunes de esta semana con ataques a bienes privados, saqueos a pequeños negocios, ataques a vehículos públicos, inclusive ambulancias, y privados a cuyos conductores extorsionaban para dejarlos pasar. Las calles siguen militarizadas y el conflicto deja hasta ahora un saldo de cuatro muertos. (AP)