Acusan a funcionarios de la UIF por “encubrimiento”

Legisladores de Juntos por el Cambio presentaron una denuncia contra funcionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF), a quienes acusaron de cometer los presuntos delitos de “encubrimiento agravado” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por pedir la absolución de Cristina Kirchner en la causa en la que se investiga la posible conformación de una asociación ilícita para defraudar al Estado con obras públicas entre 2003 y 2015.

La denuncia apunta al presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, y su vicepresidente Luna Montes.

En ese juicio está involucrado el empresario Lázaro Báez.

La denuncia fue impulsada por los legisladores Juan Manuel López, Paula Oliveto, Mariana Zuvic, Maximiliano Ferraro, Ricardo López Murphy, Marcela Campagnoli, Mónica Frade, Mariana Stilman. La mayoría son dirigentes de la Coalición Cívica que conduce Elisa Carrió.

Para los denunciantes, la UIF con su decisión de desistir de la acusación hacia Cristina Kirchner, “actuó en flagrante violación a los principios de prevención y lucha contra la corrupción” con la única finalidad de “beneficiar” a la vicepresidenta.

La acusación, que recayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Corrección N°6, sostiene que en la causa “Vialidad” que tanto Otero como Montes infringieron “la normativa penal no sólo en lo que respecta al cumplimiento regular de los deberes a cargo de las autoridades”, sino porque “faltando a la obligación a su cargo dejan de promover la represión del delito” sospechado y “puede entenderse que intentan formular un aporte concreto para que los acusados”.

Los fundamentos del escrito recuerda también que las pericias arrojaron que “hubo sobreprecios en las cinco obras que fueron peritadas”, y que “la UIF se alejó de todas las constancias del caso, que incluso fueron minuciosamente detalladas en su requerimiento de elevación a Juicio y probadas en el debate”.

“Sus actos de direccionamiento no sólo de obras públicas sino del dinero para solventarlas, eran resorte exclusivo de las autoridades nacionales y resultaron corroborados en las audiencias del juicio. Sin embargo, la UIF hizo caso omiso de ello”, agregaron.

La UIF entendió que “no existe la posibilidad de sobreprecios”, por lo que “sería irresponsable avanzar en una acusación”.