Planteos de la CGT y por ahora, hay marcha el 17

Los popes de la Confederación General Trabajo (CGT) parecen tener un sentimiento dual con Sergio Massa: por un lado les ha caído bien su designación en Economía porque lo conocen hace años y algunos de ellos tiene amistad personal; por otro, antes de una reunión formal que tendrá con ellos el ministro, aparentemente mandó a decir por canales informales que no podrá cumplir con ciertos pedidos gremiales. Eso generó que la mesa chica cegetista ratifique la marcha del 17 de agosto próximo. Massa hubiera preferido que se levante.

Apenas asumido en el ministerio, Massa también supo del rechazo de los gremialistas al anuncio que hizo el miércoles después de su jura sobre aumento salarial de suma fija para los trabajadores de haberes más bajos del sector privado y una reformulación de las asignaciones familiares. Sería por decreto.

Según los gremios, eso limita su capacidad de negociación en el marco de las paritarias. Ven la mano del kirchnerismo duro detrás de esa idea. Más específicamente, de Cristina Kirchner. Así las cosas, el triunvirato de conducción de la CGT le habría hecho saber a Massa -también por vías informales- su idea de resistir cualquier mecanismo de aumento que no sea a través de las paritarias. Teóricamente, el jueves de la semana próxima se verán las caras porque el ministro anunció que los convocaría. La reunión, hasta ayer, no estaba oficialmente confirmada.

UN VIEJO RECLAMO

Massa hereda, además, un malestar de la CGT que viene de antes: la falta de respuestas del Gobierno en sacar un decreto -prometido en la gestión Guzmán- para que las obras sociales sindicales traspasen al Estado el valor de las prestaciones por discapacidad en los rubros de transporte y educación, uno de los más costosos para el sistema gremial de salud, y que les agrava a las obras sociales su de por sí precaria situación financiera.

El déficit del sistema de salud sindical aumentó mucho por la fuerte incidencia que tienen las prestaciones por discapacidad (rehabilitación, tratamientos, educación y transporte). Según números de los gremios, representan el 50% de la recaudación del Fondo Solidario de Redistribución (FDS), que se integra con el aporte de trabajadores y patrones para financiar las prestaciones de alta complejidad y medicamentos.

Para las obras sociales, pagar lo relativo a la educación y el transporte de sus afiliados con discapacidad equivalía a unos 8.000 millones de pesos mensuales. Eso fue hasta el martes porque ese día la Agencia Nacional de Discapacidad, que depende de Presidencia, dispuso un aumento del 25% en los aranceles de las prestaciones básicas del sector.

Con ese aumento, ahora el costo se elevará a 10.000 millones de pesos mensuales y unos 100.000 millones de pesos anuales, según fuentes gremiales Lo que representará el 71% del presupuesto del FDS. De acuerdo a las proyecciones cegestistas, el sistema de obras sociales sindicales terminará el 2022 con un déficit financiero de mucho más de 50.000 millones, que era el cálculo de máxima que se preveia hasta hace tres días.

De esto hablaron la CGT y Juan Manzur, el jefe de Gabinete, el último martes. Pero después asumió Massa y el eje de poder de estas decisiones parece haber virado hacia él. Es el ministro nuevo el que debería aprobar el decreto que alivie la situación de las obras sociales haciendo que el Estado absorva los costos. Pero, está Massa en condiciones de hacer eso cuando acaba de anunciar que se propone ajustar los gastos del Estado para respetar el acuerdo con el FMI?

Es en ese marco que la marcha del 17 asoma como un posible mecanismo de presión al Gobierno para conseguir aquella dilatada promesa.