Lo que hasta para el propio oficialismo era una incógnita terminó por despejarse ayer: los tres diputados que responden al ministro de Economía, Sergio Massa, e integran la Comisión de Juicio Político acompañarán el pedido de juicio político contra la Corte Suprema que impulsa el presidente, Alberto Fernández.
Se trata de Ramiro Gutiérrez, Micaela Morán –quien asumió hace solo tres meses en reemplazo de Victoria Tolosa Paz- y Vanesa Massetani.
Ramírez, incluso, había presentado su renuncia a la comisión (por un viaje que dijo tener previsto), pero finalmente decidió suspenderlo y retirar la dimisión para formar parte del debate, que arrancará en pocos días.
Mientras que Massetani no continuaría en el cuerpo por un problema familiar, por lo que el oficialismo la reemplazaría con otro integrante.
Más allá de ese inconveniente personal, “los representantes del Frente Renovador en la Comisión de Juicio Político no se van a bajar y van a dar el debate”, dejaron trascender fuentes que reportan al ministro de Economía en la Cámara Baja y aclararon: “Somos parte de un espacio político. El pedido de enjuiciamiento generará un fuerte debate, habrá que ver si es factible, pero nuestra posición es que la actuación de algunos sectores de la Justicia agravia a la democracia. Queremos dar una discusión abierta a la sociedad porque vemos que hay un ataque al equilibrio de los tres poderes del Estado”, dijo el massista Carlos Selva, en línea con el discurso del oficialismo.
Había hasta aquí dudas sobre el comportamiento de la tropa “renovadora” en la Comisión de Juicio Político, a raíz del sugestivo silencio que eligió Sergio Massa desde que el presidente Fernández anunció su embestida contra los cuatro ministros del tribunal supremo.
Más aún, las suspicacias crecieron cuando uno de los gobernadores más cercanos al titular del Palacio de Hacienda, el chubutense Mariano Arcioni, se abstuvo, junto a un grupo de mandatarios del PJ, de acompañar la avanzada dirigida por el jefe de Estado. Eso disparó todas las alarmas entre los diputados oficialistas y obligó al massismo a aclarar que se sumará a las filas kirchneristas acompañando el pedido de juicio político contra los miembros de la Corte.
Aún cuando en la coalición gobernante descuentan que, a priori, perderán la batalla en el Congreso por falta de votos. De hecho, ese es uno de los motivos por los que en el Gobierno prefieren mantener a Massa “al margen” del debate legislativo. Porque si bien sus legisladores respaldarán la cruzada contra el máximo tribunal, “hay una decisión política de todos en el espacio de no desgastarlo, de no mancharlo, de no hacerlo jugar batallas que están perdidas”, reconocían ayer cerca del ministro de Economía.
El pedido de enjuiciamiento contra la Corte ingresaría la semana próxima a Diputados, junto con el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso.
En su acusación, el Gobierno buscará hacer hincapié en el presunto mal desempeño de la Corte con foco en dos ejes: el reciente fallo que ordenó restituir fondos de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires y la decisión de tomar el control del Consejo de la Magistratura apelando a una ley derogada. En parte, el oficialismo basará sus acusaciones en la filtración de chats entre Silvio Robles (mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti) con funcionarios y dirigentes de Pro.
La oposición ya anticipó que no acompañará la iniciativa. Así lo advirtió Juan López, vicepresidente de la comisión de Juicio Político y jefe de bloque de la Coalición Cívica. “Juntos por el Cambio no va a acompañar este ataque a la Corte ni ninguna ley más hasta que esto no pare”.
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