El puntapie inicial del juicio a las Juntas

Juan Verano

La decisión de enjuiciar a los integrantes de la Junta Militar que detentó el poder entre 1976 y 1983, durante la última dictadura militar sufrida por Argentina, no fue sencilla para el presidente Raúl Alfonsín, que tomó esta decisión hace cuatro décadas, tres días después de jurar el cargo.

El mandatario radical sancionó el 13 de diciembre de 1983 dos decretos claves para el desarrollo del proceso judicial contra las cúpulas militares, conocido popularmente como el Juicio a las Juntas. El primero de ellos ordenaba la persecución penal de cinco dirigentes de la organización guerrillera de izquierda peronista Montoneros; el segundo ordenaba someter a juicios a nueve de los miembros de las FF AA.

La decisión de Alfonsín de aunar las dos decisiones en un mismo día no estuvo exenta de polémicas, aunque en ningún momento se equipararon las acusaciones a los militares con las hechas a los guerrilleros.n De cualquier modo, el contenido del decreto que ordenaba la apertura de juicios para los excomandantes Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, Leopoldo Galtieri, Emilio Massera, Armando Lambruschini, Jorge Anaya, Orlando Agosti, Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo fue una de las primeras decisiones que el radical prometió en campaña.

“La restauración de la vida democrática debe atender, como una de sus primeras medidas, a la reafirmación de un valor ético fundamental: afianzar la justicia. Con este fin, corresponde procurar que sea promovida la acción penal contra los responsables de aprobar y supervisar operaciones cuya ejecución necesariamente había de resultar violatoria de bienes fundamentales de la persona humana tutelados por el derecho criminal”, especificaba el decreto, refiriéndose a los delitos de homicidio, privación de la libertad y tormento de los detenidos durante la dictadura.

Dos años después de que se iniciase el proceso, cinco de los nueve acusados fueron condenados por estos hechos. Las organizaciones de derechos humanos de Argentina estiman que 30.000 personas fueron asesinadas o permanecen en paradero desconocido a causa de los crímenes cometidos por la dictadura militar.

Pero para llegar a esta aberrante conclusión -puesta en duda recientemente por el presidente y la vicepresidenta, Javier Milei y Victoria Villarruel, respectivamente, los distintos actores políticos y judiciales de la incipiente democracia argentina hicieron frente a un sinfín de obstáculos que fueron desde la oposición de algunos miembros del gabinete radical a la propuesta de Alfonsín hasta la acumulación de una ingente cantidad de pruebas documentales, testimoniales y administrativas que entorpecían el proceso.

La tormenta burocrática devoraba los despachos argentinos con el proseguir de los meses, y el Juicio a las Juntas se postergaba a medida que se mediatizaba cada vez más y adquiría un rol central en el apasionado debate político del país.

Pocos días después del primer aniversario de la publicación de este primer decreto, la entrega del informe “Nunca Más” a Alfonsín por parte del presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), el escritor Ernesto Sábato, fue el escalón definitivo para que el proceso judicial contra los crímenes de la dictadura fuese una realidad.

En abril de 1985, comenzó en Buenos Aires el Juicio a las Juntas, que se extendió durante casi siete meses.

El proceso se ha convertido en uno de los momentos fundacionales del actual período democrático de Argentina y ha sido recreado en libros, obras de arte y películas como las recientes ‘Argentina, 1985’ (Santiago Mitre, 2022) o ‘El juicio’ (Ulises de la Orden, 2023). EFE