Recorte en Nación: darían de baja 7 mil contratos

Pasada la Navidad, el Gobierno de Javier Milei se prepara para dar de baja todos los contratos de empleados estatales firmados el 1º de enero de 2023 y que vencen el próximo 31 de diciembre. La medida, que vería la luz en un decreto que se publicaría hoy, ya había sido anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo. Según estimaciones realizadas por fuentes oficiales y sindicales, la decisión -en principio- afectaría a unos 7 mil contratados sin antigüedad previa.

En lo inmediato, el decreto alcanzaría a los contratados sin antigüedad en la administración central del Ejecutivo y en organismos descentralizados, además de empresas públicas y sociedades anónimas de mayoría estatal, como YPF.

Pero no solo eso. Según ratificaron desde Casa Rosada, la medida que se conocerá en las próximas horas contempla también una revisión de todas las estructuras del Estado por los próximos 90 días para definir cuáles de los puestos en vigencia se mantendrán y cuáles no, dando lugar así a una eventual etapa de nuevos recortes.

La situación pone en alerta a los sindicatos, que ya anunciaron para esta semana movilizaciones y planes de lucha contra el “plan motosierra” de Milei.

Según el proyecto que trascendió en los últimos días, en los contratos que no registran antigüedad previa al 1° de enero de 2023 y automáticamente caerán antes de fin de año, hay grupos que quedarán exceptuados y seguirán en funciones más allá de su fecha de ingreso. Uno es el de los “cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales”, como el de personas trans o con discapacidad.

También quedaría exento el personal que “haya estado prestando tareas con fecha previa al 1° de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad de contratación” y el “personal que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento de la jurisdicción, de manera restrictiva y de manera fundada señalando que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento”.

En este sentido, los gremios estatales se aferran a la idea de que las excepciones que habilita el decreto se multipliquen. “Nosotros creemos que todos cumplen un rol esencial y que por lo tanto la excepcionalidad que prevé el decreto que tiene que ver con que las instancias jerárquicas ratifiquen que las tareas que desempeñan los trabajadores son indispensables, van a impedir cualquier despido sin justa causa”, deslizaron desde ATE.

Fuentes sindicales reconocen que, “a diferencia de lo que sucedió con el macrismo, acá hay ciertos parámetros de previsibilidad” porque “se mantienen los cupos y dejan abierto a la evaluación de los jefes. En la época de Macri se entró con el objetivo de reducir un porcentaje de la planta y sin criterios. Acá hay otro análisis”.

Sin embargo, tanto ATE como UPCN movilizarán mañana en el marco de una nueva jornada de protesta nacional. En la previa, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió que, “sin lugar a dudas, toma fuerza en todo el país la necesidad de avanzar hacia un paro nacional. El primer paro total de actividades en la administración pública en todo el país” y que, así como no tolerarán “ningún despido sin causa justa” tampoco aceptarán “que exista una revisión de los contratos durante los próximos tres meses”. Pues consideran que “decidir renovar los vínculos contractuales por 90 días es una vulneración graves de los derechos adquiridos de todos los trabajadores”.

Cabe resaltar que en la administración del Gobierno central hay casi 500.000 empleados, pero este número crece a unos cuatro millones si se consideran, además, los funcionarios provinciales, municipales, de empresas públicas, de la banca estatal y de universidades y organismos autónomos.

No obstante, especialistas en gasto público advierten que, más allá del fuerte recorte anunciado, el grueso del gasto se concentra en el sistema jubilatorio y en los salarios de empleados estatales.

Según un informe de la consultora Analytica, en el acumulado enero-noviembre, esas dos categorías representan, respectivamente un 42% y un 12% del gasto total.

Son unos $5,2 billones acumulados, cuando la recaudación tributaria de noviembre fue de $4,6 billones.