Avanzan con la citación de testigos en el juicio político al máximo tribunal

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobó ayer en su cuarta jornada de reuniones un cronograma para la citación de testigos en el proceso que tramita contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, tras un debate que se extendió por más de tres horas.

La decisión se adoptó con el apoyo del oficialismo y el rechazo de la oposición en la reunión de la comisión presidida por la diputada del Frente de Todos (FdT) Carolina Gaillard, en la que también se dio inicio a la apertura del sumario para acumular pruebas que sostengan la acusación contra los jueces y la ampliación de pedidos de pruebas.

La comisión estableció un cronograma que prevé que en la próxima reunión del jueves 23 se cite como testigo a Cristian Abrita, extitular de la secretaria judicial número 5; Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación dependiente de la Secretaría General de la Administración; y Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, secretaría judicial número 2 Previsional.

También se citará a Alejandro Rodríguez, secretario de Juicios Originarios; Roberto Saggese y Adriana Valinotti, de la vocalía del magistrado Rosatti; Mario Cimadevilla, exmiembro del Consejo de la Magistratura; y a los jueces federales Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla.

La diputada Gaillard advirtió que “los testigos están obligados a comparecer ante la comisión diciendo la verdad y si no comparecen en una segunda convocatoria, pueden ser buscados por las fuerzas de seguridad”. Además, aclaró que “los jueces y los funcionarios judiciales están obligados a comparecer oralmente”, no así los gobernadores y los vicegobernadores, que lo pueden hacer por escrito.

El diputado del PRO Pablo Tonelli rechazó que se cite como testigo a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte y al ministro de Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro, porque “las leyes amparan a aquellas personas que tienen en curso una investigación en la Justicia penal”.